domingo 22 de diciembre de 2019 - 12:00 AM

Informe especial: Evo en su laberinto

Evo Morales, quien renunció a la Presidencia en noviembre pasado, es reclamado por la justicia boliviana por los delitos de terrorismo y sedición. Argentina, país donde permanece asilado, dice que no lo extraditará.
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La decisión, esta semana, de la Fiscalía boliviana de librar una orden de captura en contra del expresidente Evo Morales, asilado en Argentina, para que responda por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, plantea una batalla jurídica y un desafío en materia diplomática entre los dos países.

Morales, quien fue reelegido el 20 de octubre pasado para un cuarto mandato, renunció el 10 de noviembre asediado por protestas de la oposición que desconoció los resultados electorales, sumado a señalamientos de la OEA de indicios de fraude.

Ante la presión y el retiro del apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, Morales viajó con destino a México y desde la semana pasada, reside en calidad de asilado en Argentina.

¿Podría volver Morales a Bolivia, ya sea en condición de extraditado o por voluntad propia? ¿Puede Morales hacer activismo político desde Argentina? ¿Se tensarán las relaciones entre Bolivia y Argentina?

Con respecto a la situación jurídica del exmandatario boliviano, Dionne Cruz, politóloga y docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, señala que la condición de asilo de una persona, es la condición previa al refugio, la cual a su vez tiene una connotación política.

En ese orden de ideas, explica que cuando existe esta consideración jurídica de refugiado que responde al Derecho Internacional, esto quiere decir que la persona queda inmediatamente protegida por el Estado que la recibe en asilo, y posteriormente que le declara el refugio.

“Morales en este momento está en asilo y en un proceso de solicitud de refugio; en cualquier de los dos casos, tiene protección y no puede ser extraditado a Bolivia”, remarca Cruz.

Ahora bien, se refiere también al convenio suscrito entre ambos países y ratificado en el 2014, por el mismo Morales, que establece que no se concederá la extradición “si la persona solicitada por la parte requirente (es decir Bolivia) ostenta la condición de refugiado o asilado político en la parte requerida (Argentina) y el pedido de extradición proviene del país que motivó el refugio o asilo”.

En ese sentido, Manuel Alejandro Correal, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Libre de Bogotá, hace claridad en que el refugio y el asilo son instituciones distintas que se conceden por diferentes causales.

“En este caso se trata de un típico asilo territorial que depende del acto de soberanía del Estado argentino”, sostiene el experto al aludir a la situación actual de Evo Morales en el país austral.

En efecto, el presidente electo argentino, Alberto Fernández, ya se ha pronunciado al respecto, asegurando que Morales seguirá teniendo “inmunidad y protección diplomática” por tratarse de un asilado.

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Adicional a ello, Fernández no reconoce a Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia, situación que podría complicar un eventual proceso de extradición de Morales e incluso, las relaciones diplomáticas.

Por su parte, el expresidente boliviano ha restado importancia a la orden de arresto en su contra, y la ha calificado de “injusta, ilegal e inconstitucional”.

¿Puede hacer política?

En cuanto a la intención explícita de Morales de hacer política desde Argentina de cara a las próximas elecciones en su país, la politóloga Cruz afirma que cuando una persona tiene una condición de refugio, debe abstenerse en teoría de hacer proselitismo.

“Pero la verdad es un tema que no está muy desarrollado normativamente, ni en el Derecho Internacional, ni tampoco en las normas nacionales argentinas”, admite la profesora universitaria.

Según ella, en virtud de la afinidad ideológica entre el nuevo presidente argentino y Evo Morales, es muy probable, que a pesar de que no se pueda hacer, sí adelante una actividad política.

De hecho, el pasado martes Morales se mostró confiado en que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), ganará las elecciones presidenciales del próximo año en Bolivia.

Sin embargo, Cruz ve poco factible que el expresidente boliviano retorne a su país con alguna viabilidad para ser candidato presidencial.

“Si él regresará, por los cargos que tiene por sedición y promover el terrorismo, entonces eso implicaría que una vez pise suelo boliviano, pierde el estatus de asilo que tiene en este momento”, comenta.

Esta tesis es compartida por Correal, quien asegura que tan pronto el expresidente Morales salga del Estado que le otorga asilo, pierde ese estatus.

Recuerda el caso del entonces prófugo expresidente Alberto Fujimori, quien estaba protegido en Japón hasta que decidió ir a Chile en 2005 para hacer política en el sur de Perú. El Gobierno chileno lo arrestó y en 2006 lo extraditó a Perú, que lo requería por delitos de corrupción y de lesa humanidad.

De otro lado, Cruz percibe que lo que busca esta especie de “persecución” de la que está siendo objeto Evo Morales por parte del gobierno de Áñez es apartarlo de cualquier influencia política de cara a las elecciones que se celebrarán en Bolivia en 2020, sin fecha aún definida.

Considera que el tema es complejo y constituye un desafío en materia diplomática entre los dos países, en la medida en que el nuevo mandatario argentino no reconoce a Áñez como presidenta legítima de Bolivia, mientras no haya elecciones formales.

Así las cosas, augura que la relación entre los dos países seguirá tensa.

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Complicaría relación binacional
Sebastián Polo, investigador de la Universidad del Rosario, no descarta que tras la orden de captura emitida por la Fiscalía boliviana sobre Evo Morales, se caldeen los ánimos en ese país, precisamente por el grado de polarización política que se vive.
No solo se habla de un apoyo del partido MAS de Morales a un discurso que se presenta como un acto golpista lo ocurrido a su líder, sino que también desde la oposición se plantea la idea de que está actuando conforme el orden constitucional en contra de un abuso de poder, argumenta el analista político.
Igualmente advierte que el hecho de que el presidente argentino no reconozca a Añez como presidenta interina boliviana, esto puede traer complicaciones en el plano bilateral e internacional, “principalmente en espacios como Mercosur, en el que Argentina podría torpedear el ingreso de Bolivia”.
Al mismo tiempo, podría darse un escenario de tensión diplomática, sin escalar a un mayor nivel, opina.
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