viernes 02 de agosto de 2019 - 12:00 AM

Guatemala: tercer país seguro

La decisión del país centroamericano tendría un efecto disuasorio en las personas que buscan asilo en Estados Unidos, en la frontera sur con México.
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Un serio desafío se plantea para Guatemala, al fungir como “tercer país seguro”, en virtud del acuerdo migratorio que el gobierno del país centroamericano firmó con Estados Unidos, hace justamente una semana.

La medida, en otras palabras, significa que Guatemala pasa a ser una zona intermedia para los migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos, convirtiéndose así en receptor de solicitantes de asilo de otros países, especialmente centroamericanos.

No obstante, la gran pregunta y el mayor cuestionamiento que salta a la vista es si la nación centroamericana con 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, con la mitad de la población por debajo del umbral de la pobreza e instituciones débiles, tiene los recursos y las condiciones para, de repente, recibir y proteger, de acuerdo a estándares internacionales, a miles de refugiados.

Es decir, si este país podrá cumplir la promesa de mantener seguros a los solicitantes de asilo cuando ni siquiera puede garantizarlo a sus propios ciudadanos dentro de su territorio.

En este contexto, otro aspecto a considerar es que Guatemala, junto con sus vecinos El Salvador y Honduras, son los países de donde más proceden migrantes hacia EE.UU. Solo en lo que va de este año fiscal (entre octubre de 2018 y junio de 2019), más de 235.600 guatemaltecos han sido aprehendidos por la Patrulla Fronteriza estadounidense.

A diferencia de Guatemala, donde el gobierno de Jimmy Morales terminó cediendo a las amenazas de represalias económicas por parte de la Administración de Donald Trump, México se ha negado a acoger a migrantes centroamericanos mientras sus solicitudes de asilo son procesadas por los tribunales estadounidenses.

Más que una política de deportar, es una política de disuasión, estima Luis Sánchez, profesor asociado de la Universidad de Los Andes.

A renglón seguido, considera que hay muchas incertidumbres en torno al pacto firmado entre Guatemala y Estados Unidos por varias razones, entre ellas la disputa de si es un acuerdo de tercer país seguro como lo expresó Trump, o un acuerdo de cooperación como lo sostiene Morales.

Lo anterior, a su juicio, lleva a la controversia de la necesidad de la aprobación del Congreso guatemalteco y en esa línea, dice que también está el asunto de la posibilidad o no de que tal acuerdo pueda ser firmado entre ministros (en el caso de EE.UU., secretario), en vez de ser firmado entre presidentes.

“Todo esto lo que indica es que existen grandes problemas desde antes de la firma del acuerdo, lo que afectaría seriamente la implementación y éxito del mismo”, advierte.

Sánchez reconoce, igualmente, que es evidente que el acuerdo es una estrategia de Estados Unidos en su intento de detener el flujo de los dos países centroamericanos con los mayores números de emigrantes hacia su territorio (Honduras y El Salvador).

Y alerta que en tal caso Guatemala tiene más que perder, que las posibilidades de obtener beneficios.

“Uno de los posibles beneficios es que los emigrantes guatemaltecos quedan aparentemente exentos de esas políticas de tercer país seguro, aunque luego se enfrenten a México”, argumenta el docente universitario.

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No es un país seguro

Ahora bien, Sánchez destaca que la gran pregunta no es saber si Guatemala puede mantener seguro a los solicitantes, “sino cómo es posible que se considere a Guatemala un tercer país seguro, cuando ese país ha sido incapaz de proteger a sus propios ciudadanos, además de ser un país sumido en una preocupante corrupción, con un frágil sistema de justicia, un incipiente sistema para la atención de refugiados”.

Al referirse al tema, María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, apunta que el acuerdo es una manera de Estados Unidos de evadir su responsabilidad y tratar de entregarla a otro estado, en este caso, Guatemala.

“Simplemente es tratar de utilizar su poder económico con un país con un margen de negociación muy bajo para tratar de que Guatemala se haga cargo de esos solicitantes de refugio o de asilo, por lo cual es una manera de incumplir el Protocolo del 67”, el cual se exige al Estado no devolver a refugiados al país de su nacionalidad si tienen riesgo de sufrir muerte o tortura, describe la experta.

A criterio de Mauricio Reyes, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, aquí lo que se aprecia es un “juego de fichas de dominó” por parte del gobierno de Estados Unidos, que busca por todos los medios presionar en términos migratorios a otros países como Honduras y El Salvador.

Aclara que México no puede dar la pelea porque los intereses en juego son muy altos, por el tema del Alca, así que mucho menos lo pueden hacer las naciones centroamericanas.

Incluso, admite que teniendo en cuenta los problemas internos que ya tiene Guatemala, esta medida migratoria puede constituirse en una vulneración de los derechos humanos de los migrantes, frente al crimen organizado o las pandillas.

Para Mauricio Palma, investigador y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con su decisión el presidente guatemalteco está arriesgando un entorno muy importante tanto a nivel de seguridad como de gestión institucional interna, por tratarse de darle “gavela” a la relación comercial con Trump.

De hecho, subraya que “Morales lo que está diciendo es que no tiene ese capital político y prefiere entonces dar ese paso de convertirse en tercer país seguro sin que el gobierno lo haya aceptado de esa forma”.

Lo que resulta más preocupante, de acuerdo con Palma, es que humanitariamente puede implicar una situación muy compleja por todas las personas que tienen que pasar por Guatemala para llegar de México con destino a Estados Unidos.

Lea además: ¿México, el buen vecino de Estados Unidos?

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