La transición verde se ha convertido en uno de los principales vectores de competitividad para América Latina, un proceso que ya no se limita a responder a la crisis climática, sino que redefine la estructura productiva, el mercado laboral y la capacidad de los territorios para atraer inversión y generar crecimiento sostenible.
En este escenario, Colombia avanza con decisiones importantes, aunque aún enfrenta desafíos estructurales que marcarán su ritmo frente a otros países de la región.
De acuerdo con la OCDE, los sectores con mayor potencial verde en Colombia han mostrado en la última década un mejor desempeño en la generación de empleo cualificado y formal, en comparación con las actividades tradicionales altamente emisoras. Este comportamiento refleja la oportunidad que representan las industrias vinculadas a energías renovables, manufactura limpia, movilidad sostenible y gestión ambiental, todas ellas con capacidad de dinamizar la economía regional.
El estudio sobre transición verde y formalización laboral en Colombia, elaborado por la OCDE, proyecta que si el país mantiene un nivel ambicioso de inversión en mitigación, adaptación y desarrollo de competencias, podría alcanzarse una creación neta de empleo cercana al 34% para 2030. La entidad advierte, sin embargo, que este resultado depende de impulsar sectores estratégicos y de fortalecer la formación en habilidades verdes, así como las competencias portátiles que facilitan la movilidad laboral en un contexto de transformación productiva.
El panorama regional también revela la urgencia de acelerar este proceso. La CEPAL estima que, de no fortalecerse la inversión climática, América Latina podría enfrentar una caída del PIB entre 12% y 14% para 2050, además de la pérdida de más de 40 millones de empleos en sectores vulnerables como agricultura y turismo. Para países como Colombia, donde la exposición a eventos climáticos extremos es superior al promedio de la OCDE, la transición no solo es un objetivo ambiental, sino un asunto de estabilidad macroeconómica.
En materia normativa, la Ley 2169 de 2021 fijó metas ambiciosas, como la reducción del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, lo que exige transformar procesos productivos, promover innovación tecnológica y diversificar las fuentes de energía. Pero alcanzar estos objetivos implica superar restricciones fiscales y avanzar en mecanismos de financiación verde, desde presupuestos con enfoque ambiental hasta instrumentos como bonos sostenibles o la eliminación gradual de subsidios a combustibles fósiles.
La transición verde, en últimas, será un determinante de competitividad. Las regiones que logren atraer inversión, formar talento y modernizar sus sectores productivos serán las que lideren el crecimiento económico de la próxima década.
