Jürgen Habermas, sociólogo y filósofo alemán, acuñó un concepto magnífico: la juridificación del mundo de la vida; es decir, el sistema jurídico está regulando todos los ámbitos de la cotidianidad, pues los otros sistemas normativos están colapsando. Resulta que hay muchos sistemas normativos en una sociedad, tales como las normas morales, las de protocolo o etiqueta, las familiares, las jurídicas, las que regulan cada juego, etcétera. Las normas, en general, sean escritas o no, propician la convivencia. Sin embargo, en la sociedad actual, los sistemas normativos están colapsando, pues ya no son respetados. Esto hace que el sistema jurídico tenga que crecer exponencialmente para llenar el vacío que otros sistemas están dejando, lo que es riesgoso, pues el derecho no puede con todo y, si no cuenta con legitimidad, puede aumentar la conflictividad social.
Esto explica por qué los manuales de convivencia en los colegios o las propiedades horizontales, por dar dos ejemplos, cada vez se parezcan más a códigos jurídicos que a principios básicos de comportamiento. Antes bastaba con pedirle a un vecino que, por amabilidad, apagase la música en la noche. Hoy día hay que amenazarlo con multas y activar procesos judiciales a ver si así hace caso.
A esto sumamos otra cuestión: ¿quién es superior? ¿La política o el derecho? Los defensores del ideal regulativo del Estado de derecho dirán claramente que es el derecho quien debe regular la política. Pero esta última, en la teoría del Estado, debe tener la suficiente libertad como para crear las normas jurídicas que requiere la sociedad. Dicho con otras palabras: la política determina el contenido de las normas jurídicas y las normas jurídicas, una vez válidas, determinan el quehacer político, produciéndose cierto equilibrio. Esto, en teoría, suena muy bien.
No obstante, hoy día vemos cómo el derecho jurídico-electoral está colonizando la política, perdiéndose así un equilibrio deseado. Resulta que ante la crisis de los partidos políticos, la pérdida de credibilidad de estos ante la ciudadanía, el constante miedo al fraude electoral y la necesidad de regular las elecciones en una democracia para que posibiliten la convivencia, aparece el derecho electoral. Pero en Colombia, el derecho electoral cada vez es más complejo y detallado, a un punto tal que ahora son los abogados y los jueces, mediante demandas y tutelas, los que determinan quiénes pueden participar en las elecciones e, incluso, quienes las ganan. Esto está haciendo que para un candidato sea más importante contar con el favor de una buena oficina de abogados que con el de la ciudadanía.
Hoy día, las elecciones se deciden cada vez más ante los estrados judiciales que ante las urnas. Esto es gravísimo, porque traslada el centro del poder de la ciudadanía a los abogados y jueces. Encontrar, pues un punto medio, donde el derecho electoral regule, sin desplazar a la ciudadanía y sin asfixiar la política, es un gran reto de la democracia colombiana, porque el actual modelo no está funcionado. En la próxima columna hablaremos más sobre esto.
