El 22 de diciembre de 2022, Bucaramanga cumplió 400 años de fundación. Para conmemorar la fecha, el Congreso de la República expidió la Ley 2062 de 2020, mediante la cual la Nación, además de los honores y las celebraciones por el onomástico, creó una cuenta especial y mecanismos para canalizar recursos del nivel central hacia proyectos orientados al desarrollo social y económico durante los siguientes diez años, con el propósito de atender pendientes históricos de la ciudad. Se habló de inversiones cercanas a los $10 billones. Nos quedamos con las fiestas y los conciertos.
Algo similar ocurrió con otras promesas de infraestructura. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció, en reuniones con políticos y gremios, una bolsa cercana a los $4,5 billones para proyectos viales de Santander. Entre las obras que seguimos esperando está la Transversal del Carare.
La PTAR Río de Oro representa un caso diferente. El CONPES 4173, aprobado en noviembre de 2025, contempló $1,29 billones para su financiación entre 2027 y 2035. Sin embargo, entre anunciar una obra y ejecutarla hay una distancia abismal. A la fecha, los recursos para su construcción no están apropiados en el presupuesto de 2027 y, según el Ministerio de Vivienda, se buscan alternativas para su financiación.
Ahora bien, independiente de las promesas incumplidas en el pasado, tal como lo manifesté en la columna del 14 de julio, “La patria milagro comienza en las regiones”, era previsible que muchos de los proyectos presentados por Santander no fueran incluidos en el presupuesto de 2027 por el actual contexto fiscal. La Nación enfrenta restricciones que hacen inviable pensar que todos los grandes proyectos regionales pueden depender indefinidamente del presupuesto nacional.
Por eso, ante una realidad inevitable, la Gobernación, las alcaldías, la ciudadanía y el sector privado deben asumir una discusión que hemos aplazado demasiado tiempo: ¿cómo vamos a financiar nuestro propio desarrollo?
Santander dispone de instrumentos como la valorización, la participación en plusvalía y otros mecanismos asociados al desarrollo urbanístico, que requieren pensar el territorio. No podemos seguir subutilizando los instrumentos que existen mientras esperamos que Bogotá resuelva nuestros problemas.
Si queremos atraer empresas y generar desarrollo económico, necesitamos mejorar la conectividad regional y metropolitana. “Paso Malo”, La Virgen–La Cemento y otros corredores estratégicos no son solamente obras viales, son infraestructura para la competitividad que puede contribuir a atraer inversión y ampliar las fuentes de financiación, entre ellas mecanismos como las Obras por Impuestos.
Entonces, la discusión no es cuánto dinero llegará de Bogotá, sino qué estamos dispuestos a hacer para construir y financiar las obras que tanto necesitamos, pero por las que poco hacemos.
