Mientras los medios de comunicación registraban el drama de transportadores, empresarios y vecinos de Villas de San Ignacio atrapados en el deterioro de “Paso Malo”, en Chimitá, y la Unidad Investigativa de Vanguardia advertía la ocupación informal de cerca de 1.400 viviendas sobre predios destinados a la PTAR de Río de Oro, el Tribunal Administrativo de Santander levantó la suspensión contra el empréstito por más de $500 mil millones, decisión que compromete el cupo de endeudamiento sin rumbo estratégico y renuncia a cualquier posibilidad de desarrollo para el norte de Bucaramanga.
Gobernar entre urgencias y problemas exige mayor rigor con los recursos escasos. El debate de fondo no es si Bucaramanga debe endeudarse, sino para qué lo hace. Resulta cuestionable priorizar inversiones que, aunque importantes, dan espera, mientras se relegan frentes críticos como la ampliación de “La Virgen – La Cemento” y la vía a Chimitá. Intervenir estas áreas mejora la calidad de vida de miles de bumangueses, atrae industria que fortalece el recaudo tributario y articula tanto la salida hacia el norte del país como la conectividad metropolitana.
Reducir la emergencia de Chimitá a un asunto de ingeniería vial es un error de diagnóstico. Allí confluyen el desorden territorial, el abandono institucional, la ausencia de gestión del riesgo y un severo conflicto de usos del suelo que desnudan el agotamiento de nuestro modelo de planificación. Echar asfalto sobre “Paso Malo” para esperar a que la falla geológica vuelva a fracturarlo, o aferrarse a los recursos del peaje de Rionegro como única fuente de financiación, solo prolongará el problema.
Hoy, la vía Palenque – Café Madrid opera como una barrera de segregación. De un lado está la zona industrial de Chimitá, en Bucaramanga; del otro, crecen asentamientos informales en Girón que ya amenazan la viabilidad de la PTAR de Río de Oro. El primer paso institucional debe ser la declaratoria de este corredor como hecho metropolitano por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, acompañada de directrices de ordenamiento que armonicen los POT de ambos municipios y permitan articular una bolsa común de inversión.
La salida exige un plan maestro que convierta un cuello de botella vial en una operación urbana integral de renovación logística y ambiental. Su financiación debe combinar aportes municipales, recursos del Convenio 1113 de 2016, instrumentos de gestión del suelo y concurrencia del Ministerio de Vivienda. Solo así será posible reasentar a las familias en riesgo, blindar la planta de tratamiento y ordenar la convivencia entre industria, vivienda y movilidad.
El norte de Bucaramanga requiere con urgencia una intervención integral porque seguir poniendo parches de pavimento sobre una falla geológica e institucional no es gobernar: es aplazar el colapso.












