Columna de opinión de Víctor Solano Franco
La propuesta de crear el departamento de Surcaribe, compuesto por 30 municipios de Norte de Santander, Bolívar, Magdalena y Cesar, ha resurgido con fuerza después de más de 20 años de debates y aspiraciones locales. Este nuevo departamento, con una población de más de 640.000 habitantes en un territorio de 21.885 kilómetros cuadrados, promete dar respuesta a las demandas históricas de desarrollo y autonomía de esta región del país. Sin embargo, la iniciativa no está exenta de controversias y cuestionamientos.
Por un lado, la creación de Surcaribe podría ser vista como una oportunidad para que estos municipios, históricamente relegados en términos de infraestructura, educación y desarrollo económico, puedan contar con un gobierno más cercano, capaz de atender sus necesidades específicas. Al conformarse como un departamento de cuarta categoría, Surcaribe tendría acceso a recursos del Sistema General de Participaciones, lo que le permitiría financiar obras de desarrollo y programas sociales más acordes con sus realidades.
Además, la designación de Aguachica como capital del nuevo departamento podría ser una movida estratégica para fortalecer su posición como un centro económico y logístico clave. Aguachica ya cuenta con una ubicación geográfica privilegiada y con la infraestructura necesaria para asumir un rol de liderazgo regional. Con la autonomía administrativa que le conferiría ser una capital departamental, Aguachica podría atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Sin embargo, la creación de un nuevo departamento también trae consigo una serie de desafíos y preocupaciones. En primer lugar, la división de territorios y recursos de los departamentos actuales podría generar tensiones y conflictos políticos. Norte de Santander, Cesar, Bolívar y Magdalena perderían municipios estratégicos, lo que podría debilitar sus economías y afectar negativamente a sus habitantes. Por ejemplo, Cesar se quedaría sin Aguachica, uno de sus municipios más prósperos, lo que podría generar una reducción significativa en sus ingresos fiscales y en su capacidad para financiar proyectos de desarrollo. No obstante, el coordinador del proyecto apela a una fórmula que, dice, podría servirle al Cesar: debido a la relación de habitantes por PIB, este departamento aumentaría 1,4% en el presupuesto.
En segundo lugar, la creación de un nuevo departamento podría aumentar los costos administrativos para el Estado. Crear una nueva gobernación, asambleas departamentales, entes de control y toda la estructura burocrática necesaria implicaría un gasto significativo que, en un país con tantas necesidades insatisfechas, podría ser cuestionado.
Además, no se puede ignorar el riesgo de que la creación de Surcaribe sea vista como un precedente para la fragmentación de otras regiones con el fin de que haya más congresistas. La proliferación de nuevos departamentos podría llevar a un exceso de divisiones territoriales que, en lugar de fortalecer la autonomía y el desarrollo regional, termine debilitando la unidad y la cohesión nacional.
Es cierto que los municipios que componen la propuesta de Surcaribe enfrentan desafíos significativos, pero ¿no sería más efectivo abordar esos problemas a través de una mejor gobernanza y una mayor inversión en las regiones actuales? El fortalecimiento de las capacidades administrativas y la descentralización de recursos podrían ser alternativas más sostenibles que la creación de nuevas estructuras territoriales.
No se trata solo de crear nuevas fronteras en el mapa, sino de asegurar que estas fronteras se traduzcan en un verdadero progreso para sus habitantes.
