Les juro que quiero equivocarme y que deseo que me callen en un año luego de ver los resultados de inflación, registro de empresas sobrevivientes y tasa de desempleo, pero no estoy optimista en este momento.
La decisión del Gobierno Nacional de decretar un aumento del 23,7 % al salario mínimo para el año 2026, fijándolo en la cifra “redonda” de dos millones de pesos, es presentada ante la opinión pública como una victoria de la justicia social. Sin embargo, sin ser economista y solo disponer de sentido común y algo de historia, detrás de la retórica del “salario vital”, se esconde un error técnico de proporciones épicas que amenaza con incendiar la estabilidad económica que tanto le ha costado recuperar a Colombia.
El primer gran pecado de este decreto es su desprecio por la realidad técnica. Un aumento salarial debe estar respaldado por la productividad; de lo contrario, no es riqueza, es simplemente más papel moneda circulando tras los mismos productos. Con una productividad laboral que cerró el 2025 ‘pasando aceite’, este incremento no es más que gasolina para la hoguera de la inflación. Como bien lo han advertido analistas financieros, lo que el trabajador recibirá de más en su cuenta bancaria, lo entregará multiplicado en el supermercado, en el pago del SOAT y en el costo de los servicios públicos.
Además, el Gobierno parece ignorar que Colombia es un país de micro y pequeñas empresas. Para un tendero o un pequeño taller, un incremento del 23,7 % en la carga prestacional no es una “invitación a la eficiencia”, sino una sentencia de muerte. El resultado es previsible: más desempleo o, en el mejor de los casos, un desplazamiento masivo hacia la informalidad. Estamos creando una élite de trabajadores formales cada vez más costosa, mientras condenamos a la mayoría de la población a rebuscarse la vida fuera de la ley, sin protección social alguna.
Resulta irónico que, mientras el Ejecutivo declara una emergencia económica alegando falta de recursos, firme un decreto que indexa al alza los gastos fiscales del Estado y los salarios de la alta burocracia. Este populismo salarial guarda un peligroso paralelismo con las recetas fallidas de naciones vecinas, donde el aumento constante del mínimo por decreto fue el síntoma previo al colapso del poder adquisitivo.
En conclusión, el “salario de los dos millones” es un espejismo. Es una medida diseñada para el aplauso fácil en un año electoral, pero que le pasará factura a los más pobres a través de una inflación indomable y una economía estancada. La verdadera dignidad laboral no se decreta; se construye fomentando la inversión, la seguridad jurídica y la productividad. Lamentablemente, el Gobierno ha preferido la narrativa sobre la sensatez; el pan hoy, pero con hambre mañana.
