La confirmación de la condena de 54 meses contra el exsenador Luis Alberto Gil, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por hechos que son de público conocimiento y que hablan de su intervención irregular (ante la JEP) en el trámite de extradición del exjefe guerrillero conocido con el alias de Jesús Santrich, envía un claro mensaje a la clase política de nuestro país y, en especial, en nuestro departamento de Santander, de que “quien la hace la paga”.
Los santandereanos, señores rama judicial del poder público, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, seguimos esperando la definición de la situación jurídica de algunos exfuncionarios del orden departamental que, en anteriores gobernaciones, parece que no cumplieron a cabalidad con el ordenamiento jurídico y con las funciones propias de su cargo, y hoy se “pavonean” por restaurantes, centros comerciales, vías públicas y almacenes de cadena, dueños de un aire de suficiencia que da vértigo.
La espera también incluye la definición de la situación jurídica de excongresistas, que hasta tuvieron el descaro y la afrenta de aspirar en las pasadas elecciones al Congreso, no obstante estar sub judice, aunque, claro, muchos de mis lectores dirán que sus derechos políticos están plenos y que la presunción de inocencia los cobija.
Los expedientes de unos y otros reposan en sus escritorios desde hace varios años. Siendo respetuosos de los términos legales y conscientes de las vicisitudes propias de los procesos judiciales, los santandereanos no merecemos seguir atravesando el desierto con la botella de agua medio llena.
La otra preocupación es el mensaje tácito que se puede estar enviando al ciudadano que pretende concentrar su vida hacia el ejercicio de la actividad pública, bien desde la calidad de congresistas, diputados o concejales y, desde luego, a funcionarios de alto nivel como secretarios de despacho, directores de institutos descentralizados, etcétera, en el sentido lamentable de perder el respeto a la Constitución y a la ley, cuando entiende que el que la hace, o no la paga o se demora en hacerlo, porque quien debe fallar bajo el rigor de los términos y la realidad de las pruebas elige el shakirismo: ciego, sordo y mudo.
La impunidad es hija de la dilación y la engavetada de expedientes. Una tríada que golpea sin tregua al ejercicio de la buena política y un desafío generacional que debemos enfrentar desde nuestros diferentes roles. “El que la hace, la paga” no es una consigna de cajón ni una advertencia populista. Ella encierra el inicio del fin de un nudo ciego, la salida de un laberinto y una nueva generación en escena.
