Publicado por: Editorial
Pocos índices en una sociedad pueden ser más preocupantes que los conocidos recientemente en Santander sobre nuestro sector educativo, porque las cifras demuestran que casi la mitad de los jóvenes que deberían estar cursando décimo y undécimo simplemente han desaparecido de las aulas. Que solo el 55 % de quienes iniciaron primero de primaria logre, once años después, obtener su diploma de bachiller representa una grieta enorme en el tejido social y compromete decisivamente el futuro de toda la región.
La primera víctima de este abandono prematuro es la propia calidad educativa, porque un sistema que pierde a la mitad de sus estudiantes en el camino es, claramente, un sistema sobre el que se requiere tomar medidas urgentes y de fondo. Las instituciones educativas no pueden ser, como en el lejano pasado, filtros de exclusión, sino plataformas de ascenso social. Los pocos estudiantes que logran permanecer lo hacen en condiciones precarias, con infraestructuras obsoletas y recursos pedagógicos insuficientes, por lo que solo cuatro de cada diez alcanzan las competencias mínimas esperadas.
Esta deficiencia en el sector afecta directamente el desarrollo económico de la región. Un joven sin bachillerato está condenado a la precariedad laboral, a salarios de hambre y a la exclusión de cualquier empleo que requiera una cualificación básica; en términos macro, mientras Santander tiene que mirar el desolador panorama de su atraso educativo, en otros departamentos del país invierten en modernizar sus plantas físicas, sus herramientas tecnológicas y sus enfoques pedagógicos para adaptarse a los nuevos tiempos, lo que hace que tengamos generaciones cada vez menos preparadas y que la región no pueda crecer al ritmo que exige el mundo contemporáneo.
El trabajo infantil es una de las consecuencias más crueles de este fenómeno, entre otras cosas porque, cuando un adolescente abandona la escuela, suele hacerlo porque la necesidad apremia y el entorno le dice que estudiar es un lujo que no puede permitirse. Muchos de esos muchachos terminan en oficios informales, en jornadas extenuantes que los utilizan sin ningún tipo de protección. Además, con cada día que trabajan en lugar de estudiar, se cierra el ciclo de pobreza que los atrapa y los aleja de quienes sí completaron su formación. Es una especie de perpetuación de la desigualdad.
Peor aún es el destino de quienes, sin horizontes ni oportunidades, encuentran en la delincuencia una salida engañosa. El crimen organizado sabe perfectamente que un muchacho sin estudios, sin futuro laboral y sin redes de apoyo es un recluta perfecto, por lo que cada deserción escolar es un potencial nuevo miembro de la delincuencia. Esto implica claramente que, sin duda, una de las bases más sólidas de las políticas de seguridad es una escuela abierta y de calidad.
Nuestros dirigentes deben hacer un esfuerzo mucho mayor y más eficaz en este campo. La Cámara de Comercio, los expertos y los propios educadores llevan años advirtiendo que la inacción tiene un costo enorme en términos de oportunidades, seguridad y productividad. Santander no puede consolarse con mostrar indicadores ligeramente mejores que el promedio nacional, pues esta circunstancia no debería bastarnos cuando la meta es tener a todos los jóvenes dentro de las escuelas, aprendiendo cosas útiles y pertinentes para sus vidas.
La educación media no puede seguir siendo un puente roto por el que se caen, a mitad del camino, los sueños de miles de muchachos. Hace falta una articulación urgente entre colegios, universidades, empresas y Estado para que la escuela vuelva a ser atractiva, relevante y efectiva. Necesitamos currículos que conecten con los intereses de los jóvenes, docentes bien formados y mejor pagados, infraestructuras dignas y programas de apoyo que impidan que el hambre o la desesperación arranquen a un muchacho de su pupitre, porque cada estudiante que no llega a undécimo es una oportunidad perdida para todos como sociedad.
