Publicado por: Editorial
El crudo enfrentamiento de los últimos días entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, su exfuncionaria, ha trascendido el debate político para instalarse en el terreno de la moral y el respeto elemental. Las denuncias de Rodríguez sobre el manejo indebido de recursos del Fondo de Adaptación han recibido como respuesta una andanada del mandatario que deja muchas dudas sobre la seriedad y la compasión que realmente pueda sentir el presidente como persona, pues ha llegado al extremo de referirse a la historia clínica de la señora Rodríguez, un asunto de absoluta reserva, para señalar que ella tiene problemas psiquiátricos.
Al ventilar información confidencial sobre la salud mental de una ciudadana, y más aún de una exfuncionaria, el presidente no solo viola los derechos de Angie Rodríguez, sino que estigmatiza a quienes sufren este tipo de problemas de salud relacionados con sus capacidades o estabilidad emocional, una conducta que no puede más que calificarse como un despropósito que desdice mucho de su condición moral.
La intención de declarar a Rodríguez insubsistente es, por supuesto, política, y la utilización de su historia médica para responder a sus denuncias es una maniobra inaceptable, sobre todo si se toma en cuenta que se trata de una persona que estuvo en el círculo más próximo del mandatario Gustavo Petro, dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia y ocupó otros cargos en este Gobierno.
La pregunta que se hace la opinión pública es si con este ataque injusto y desproporcionado se busca desacreditar una voz incómoda y unas denuncias serias sobre corrupción, que deberán ser investigadas por los organismos de control.
Lo que ciertamente parece que busca el presidente Petro es que el país considere que Rodríguez no debería ser escuchada y que haber buscado ayuda profesional de tipo psiquiátrico es una muestra de su incompetencia, lo cual es claramente un mensaje perverso para la sociedad, pues constituye una afrenta a la sensibilidad de un país que necesita, precisamente, mensajes de compasión y no de descalificación.
Los millones de colombianos que son, en palabras del presidente, “pacientes psiquiátricos” y que al mismo tiempo desempeñan trabajos de manera adecuada, merecen un respeto que se les está negando.
El problema en Colombia es que, por estigmas como el que reproduce el mandatario, las personas prefieren sufrir en silencio y no buscar ayuda, y lo que realmente se necesita cuanto antes es un cambio cultural en este sentido, y el presidente debería ser el primero en promoverlo, no en arruinarlo.
Lo ocurrido debe llevarnos a una reflexión profunda sobre los límites del poder y la ponderación de quienes lo ejercen. Aparte de esto, la denuncia sobre el manejo del Fondo de Adaptación es de suma importancia para el país y la transparencia de la administración pública.
Pero esa investigación no puede verse empañada ni contaminada por una agresión personal que no solo es injusta, sino que es profundamente dañina para la Nación en su conjunto. En este episodio, el presidente ha demostrado carecer de la serenidad y la templanza que exige su alto cargo y ha sentado un precedente peligroso al utilizar la salud mental como un arma descalificatoria. Este no es un comportamiento que deba encubrirse ni justificarse, venga de quien venga, y menos de quien tiene la responsabilidad de gobernar para todos por igual, incluyendo a los más vulnerables.
En este caso, la respuesta del mandatario ha sido la de alguien que, fustigado por la ira, decide arrasar con todo y con todos, sin importar el costo moral que ello implique. Al hacerlo, no solo ha fallado en su deber de proteger la confidencialidad de la historia clínica de una ciudadana, sino que ha fallado también en su deber de dar buenos ejemplos. Sin duda, en este asunto el presidente Petro ha perdido de manera estrepitosa, dejando una huella de indignidad que no se borra con las simples palabras de una excusa que, hasta el momento, ni siquiera ha pensado en ofrecer.
