Publicado por: Editorial
El caso de Juliana Guerrero trascendió el ámbito judicial para convertirse en un referente, deplorable, por supuesto, de lo que es la corrupción en Colombia. Que una joven de 24 años se haga a dos títulos universitarios sin pisar un salón de clases, los incluya en su hoja de vida y con ese engaño se presente para ser viceministra, no solo es un escándalo, sino que con esto incurrió en un fraude procesal que ella misma acaba de reconocer ante un juez, algo que, lejos de cerrar el caso, abre una discusión sobre lo que estamos permitiendo como sociedad.
Lo que deberíamos evaluar no es únicamente el hecho, sino el descaro con el que ocurrió. La Fundación San José expidió los diplomas sin matrícula, sin exámenes, sin Prueba Saber Pro; el secretario general firmó las resoluciones y cobró, para que luego Guerrero pagara e intentara engañar al Estado, cerrando así un círculo ignominioso de complicidades donde cada participante del ilícito sabía que actuaba en un diseño deliberado para falsificar credenciales y usarlas como puente hacia el poder público.
La condena pactada fue de tres años de prisión, una multa de cien salarios mínimos y dos años y medio de inhabilidad para ejercer cargos públicos, una decisión que a pocos satisface, pero que, de acuerdo con la ley, es proporcional al poder de negociación y no a la gravedad del daño. La pregunta es qué tanta reparación deja esta forma de justicia para quienes estudian durante años, se endeudan y se esfuerzan por méritos propios, pero pierden oportunidades por la acción fraudulenta de personas como Guerrero.
El caso de esta joven demuestra que la corrupción no es un vicio exclusivo de los viejos políticos, sino que se ha instalado entre quienes dicen representar la nueva política, lo que es más grave, porque rompe la expectativa de que el relevo traería consigo otra ética. Si la nueva generación aprende que el atajo es válido, entonces la esperanza de renovación tendremos que desplazarla varios años más.
Lo que vemos es que cada gobierno promete erradicar la corrupción, pero deja su propio capítulo de vergüenza y el resultado es una sociedad que se acomoda a convivir con el fraude sin inquietarse. El caso Guerrero confirma con crudeza que no estamos ante una manzana podrida, sino ante un árbol que produce frutos descompuestos con regularidad. Y qué decir de la educación superior luego de saber que la Fundación San José tiene antecedentes de haber actuado a la manera de un cartel de títulos que sigue operando y que el Ministerio de Educación no ha investigado a fondo.
Necesitamos una institucionalidad que funcione: universidades que no vendan diplomas, entidades que verifiquen credenciales, jueces que fallen con mayor drasticidad y una sociedad dispuesta a exigir cuentas sin cansarse, sin olvidar cuando el escándalo cesa. También urge revisar cómo se validan los títulos en Colombia, pues hoy cualquier persona puede presentar un diploma falso y, en muchos casos, nadie verifica. Las entidades públicas confían en documentos que no han sido autenticados, lo cual no es más que una invitación al fraude.
El caso de Juliana Guerrero es una advertencia sobre el hecho de que, si la corrupción se hereda, si cada generación arma sus propios atajos para llegar al poder, entonces el país simplemente está reproduciendo sus peores prácticas con caras nuevas, lo que es completamente inaceptable. No podemos permitir que la trampa sea el camino y que el arrepentimiento montado en redes sociales sea suficiente para seguir adelante. La corrupción no se combate con discursos ni con gestos simbólicos, sino con instituciones fuertes, con ciudadanía activa y con la decisión firme de no aceptar como normal lo que es indigno.
