En diciembre de 2012, Bogotá vivió una crisis de basuras que dejó toneladas de residuos en las calles y convirtió una decisión sobre la prestación del servicio en un problema sanitario. La improvisación de Gustavo Petro tuvo consecuencias y fueron los ciudadanos quienes terminaron pagándolas. Catorce años después, el patrón no ha cambiado. Solo cambió el cargo desde el que se condenaba a los ciudadanos al desastre.
Me encantaría dejar a un lado a este pésimo gobernante, pero seguimos pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Colombia dejó de firmar contratos de exploración de hidrocarburos sin tener lista la transición que debía reemplazar esos ingresos, y ya conocemos las consecuencias. En julio, a veintitrés días de terminar el Gobierno, el Ministerio de Ambiente estrenó una “delimitación progresiva” de Santurbán, sin tener en cuenta el debido proceso ni la concertación con las comunidades. Este año, la Resolución CRA 1032, nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado, entró en vigencia con un texto diferente al sometido a consulta pública, poniendo contra las cuerdas a los prestadores y a los ciudadanos. Distintos sectores, un mismo problema. Se mide la intención, pero no las consecuencias.
Ahora le llegó, nuevamente, el turno a la basura.
La Resolución CRA 1040 establece el nuevo marco tarifario del servicio de aseo y presenta serios cuestionamientos técnicos. Según Andesco, el proyecto sometido a participación tenía 132 disposiciones y la resolución expedida terminó con 208. Sesenta y seis nunca pasaron por consulta pública. Los rendimientos de barrido, determinantes para calcular la tarifa, aumentaron entre 8,6 y 13 veces con base en cinco mediciones realizadas en apenas cuatro municipios. El factor que reconoce los gastos administrativos se redujo a la mitad sin un modelo publicado que explique la decisión. Además, el índice de actualización de costos le asigna al salario mínimo un peso del 34%, aunque el propio estudio de la Comisión reconoce que esta actividad es 70% intensiva en mano de obra. Con un salario mínimo que aumentó 23%, la cuenta simplemente no cuadra.
La contradicción alcanza también la política ambiental. En el nuevo marco tarifario, aprovechar una tonelada de residuos cuesta entre 1,4 y 2,1 veces más que recogerla y enterrarla. Difícil promover Basura Cero cuando la señal económica funciona en sentido contrario.
Pero lo más preocupante es la sostenibilidad del servicio. Con la reducción de precios techo, entre 32 y 50 de los 60 grandes prestadores podrían registrar pérdidas antes de impuestos. No estamos hablando de exigir eficiencia; estamos diseñando una ecuación que condena a los prestadores al fracaso.
Menores ingresos significan menos inversión, mantenimiento, barrido y capacidad operativa. Ya vimos en Bogotá cómo una mala decisión puede terminar con basura en las calles.
El aseo es salud pública. Regularlo exige rigor técnico y medir las consecuencias antes de firmar. De lo contrario, se seguirán tomando decisiones basura, esperando que los ciudadanos paguen los platos rotos.
