Hay decretos que importan por lo que ordenan y otros por lo que revelan del país que los expide, y el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026, que crea el Fondo Milagro para atender los territorios destruidos por el sismo del 10 de agosto, es de los segundos, porque lo primero que uno advierte al leerlo no es su arquitectura financiera, que es buena, sino algo más incómodo para quienes vivimos explicando por qué en Colombia las cosas no se pueden: que cuando el propósito es lo bastante grande, el Estado sí se mueve, y rápido.
Veamos lo que hizo, porque merece reconocerse: en treinta días, el país declaró la emergencia, ajustó su alcance y creó un vehículo único para la reconstrucción; un patrimonio autónomo que reúne fuentes que normalmente andarían dispersas: el presupuesto nacional, el crédito público, las donaciones internacionales, los aportes de los municipios y los recursos privados, y que las administra sin que el dinero tenga que girarse por anticipado a nadie, porque los recursos permanecen en la Cuenta Única Nacional y el Tesoro paga directamente al beneficiario final cuando se acredita la entrega de la obra, el bien o el servicio. Quien conozca la historia de nuestras reconstrucciones sabe lo que eso significa: que la plata no se queda quieta en cuentas mientras la gente espera bajo plásticos y que entre el recurso y el damnificado hay menos manos de las habituales. A ello se suman una auditoría internacional escogida por convocatoria pública y el control pleno de la Contraloría, que no se recorta.
Pero lo verdaderamente importante está antes del articulado, en el hecho político que lo sostiene. Este decreto lleva la firma de todo el gabinete, sin una sola excepción, de ministros que no comparten origen ni proyecto; y aunque la Constitución lo exige así para los decretos de emergencia, no deja de ser una imagen elocuente en un país que ha hecho del desacuerdo permanente su forma de conversar. Cuando el dolor es de todos, la deliberación cesa de ser un fin en sí misma y vuelve a ser lo que debió ser siempre: un medio para resolver.
Ahí está la lección que no deberíamos dejar pasar y que trasciende esta emergencia. Nuestras ciudades llevan décadas esperando decisiones que no requieren un terremoto para justificarse: los sistemas de transporte que no arrancan, las áreas metropolitanas que no se gobiernan, los planes de ordenamiento que envejecen sin ejecutarse. Nada de eso está trabado por falta de normas ni de recursos; está trabado porque no hemos querido subordinar el cálculo propio a un propósito compartido.
La apuesta está bien hecha, porque el Fondo Milagro puso el control donde siempre se han perdido nuestras reconstrucciones: el dinero quieto en el Tesoro hasta que haya obra entregada, el pago directo a quien la hizo, la auditoría y la Contraloría encima. Las cosas sí pasan cuando nos decidimos; solo falta decidirnos, sin que tenga que ocurrir una tragedia de por medio.
