Publicado por: Editorial
La reactivación del debate sobre el cierre de establecimientos nocturnos hasta las cuatro de la mañana en Cabecera pone la mira sobre la administración municipal, que propone esta medida como una alternativa para dinamizar la economía y formalizar la actividad nocturna, pero la historia demuestra que este mismo recurso se ha aplicado en el pasado sin que los problemas se resolvieran de fondo. La pregunta, entonces, es ¿qué se hará distinto para que el resultado no sea el mismo?
La postura de los comerciantes formales es clara y comprensible, pues la ampliación del horario les permite aumentar sus ingresos y competir contra la informalidad. No obstante, esta perspectiva económica no puede ni debe ignorar el impacto real que la medida genera en los residentes del sector, quienes llevan años soportando ruidos, invasión del espacio público y aumento de la inseguridad. Las quejas de la comunidad han sido reiteradas y consistentes, lo que indica una situación anómala que, por muchos años, las autoridades no han logrado controlar.
Los vecinos denuncian que la presencia de personas en estado de embriaguez y las riñas no terminan con el cierre de los locales, sino que se trasladan a las calles, afectando su derecho fundamental al descanso, lo que sugiere que el problema no radica únicamente en la hora de cierre, sino en la falta de controles efectivos en el espacio público. La ampliación del horario, sin una estrategia clara que aborde estos problemas, no hace más que extender el tiempo durante el cual los residentes deben soportar distintos tipos de agresiones.
En este sentido, es necesario que la Alcaldía reconozca que las experiencias pasadas han demostrado que los operativos de fin de semana no son suficientes si no existe una política de largo plazo que lleve a los comerciantes a asumir su responsabilidad. Los comerciantes, por su parte, argumentan que los desórdenes ocurren fuera de sus establecimientos, aunque esto omite que su actividad económica es lo que genera la afluencia masiva de personas y que el espacio público es una extensión de sus negocios durante las horas de mayor movimiento.
En medio de todas estas discusiones, es necesario que la comunidad conozca cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones de los comerciantes, para que pueda haber un primer referente de entendimiento y compromiso, porque el desconocimiento de estos aspectos suele llevar a una relación de confrontación, cuando lo que se necesita es un diálogo informado entre las partes. La alcaldía tendría la tarea de explicar de manera clara y continua las normas de convivencia, así como los canales para reportar infracciones, de modo que los residentes se sientan respaldados y no desamparados.
Por otra parte, los comerciantes deben comprender que su éxito económico no puede reñir con el bienestar de sus vecinos y que un entorno de conflicto puede resultar contraproducente para sus propios intereses. Para que esta nueva oportunidad tenga éxito, sería necesario que la administración establezca indicadores claros de evaluación y, sobre todo, que muestre la voluntad política de aplicar castigos justos y visibles a quienes incumplan las normas, sin excepción. La eficacia de la medida solo podrá medirse en el mediano y largo plazo, cuando se verifique una reducción sostenida de las quejas.
