Publicado por: Editorial
Los 194 homicidios registrados en los primeros ocho meses del año en el área metropolitana de Bucaramanga nos llevan a la evidencia de que el asesinato de una persona se ha convertido en un hecho casi cotidiano, en tanto es un promedio que roza la fatalidad de uno diario, lo cual no es otra cosa que una tragedia colectiva que no puede ser minimizada, pues desde hace años aterroriza a la ciudadanía.
El incremento este año del 26% en los homicidios en comparación con 2025 demuestra que las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora han resultado insuficientes y, en muchos casos, inoperantes, y lo más alarmante es que el ajuste de cuentas, las rentas ilegales, las disputas territoriales y la venganza son las causas principales de los casos, lo que hace pensar que las políticas de seguridad no están atacando las verdaderas raíces del problema.
La seguridad del área metropolitana no puede depender de esfuerzos individuales. El crimen organizado opera sin reconocer límites municipales y las autoridades deben responder con la misma lógica: una estrategia conjunta e integral. El llamado es a que Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Lebrija trabajen más unidos. No hay otro camino.
La administración local ha señalado que la mayoría de las víctimas registraban antecedentes judiciales, una información que, si bien aporta un contexto, no es atenuante de la tragedia ni justifica la ineficacia de la acción policial, por cuanto el hecho de que una persona haya tenido procesos judiciales no disminuye en absoluto la gravedad de que sea asesinada, ni exime al Estado de su obligación fundamental de proteger la vida. Esta explicación, aunque realista, corre el riesgo de parecer simplemente una evasiva de la responsabilidad por la que debe responder el Estado.
Contexto: 194 homicidios en ocho meses: así aumentó la violencia en Bucaramanga y su área metropolitana
La hipótesis de una disputa entre estructuras delincuenciales por el control del narcotráfico y el microtráfico, como la mencionada por el alcalde, parece ser el telón de fondo de esta masacre lenta y silenciosa que se vive en la ciudad. La mención de grupos como el ‘Tren de Aragua’ o ‘Los del Sur’ confirma que Bucaramanga se ha convertido en un nodo estratégico para el crimen organizado, un escenario donde las balas dirimen los conflictos de la ilegalidad, mientras la ciudadanía exige acciones que recuperen los territorios que han sido tomados por la violencia.
La llegada de más policías y militares es una medida necesaria, pero no puede ser la única, dado que el problema no es exclusivamente policial, sino que abarca lo administrativo, lo judicial y lo social. La facilidad en el acceso a armas de fuego, que son el principal mecanismo de muerte en el 76% de los casos, es un punto que las autoridades deben conjurar cuanto antes, pero, por otra parte, es imprescindible superar factores transversales de riesgo, como el desempleo, el abuso o la exclusión, que terminan por nutrir estas bandas criminales.
Los mandatarios locales tienen la responsabilidad directa de velar por la convivencia y la seguridad de sus municipios, puesto que el objetivo de desarticular el crimen organizado requiere de un frente común, coordinado, que se centre en la inteligencia, la investigación y la acción efectiva contra las finanzas ilícitas que alimentan la violencia. Es lo que hace años reclama la gente que transita a diario por las calles del área metropolitana, temiendo que la vida le pueda ser arrebatada en un instante por una disputa que no le pertenece.
La situación exige un cambio de rumbo que implique una autocrítica profunda por parte de las autoridades y una reconfiguración de las prioridades en materia de seguridad, y para esto es necesario que los recursos sean suficientes y que lleguen a tiempo, que los planes se ejecuten y que los responsables de esta violencia, desde los sicarios hasta los cabecillas en las cárceles, sientan que se enfrentan a un aparato policial y judicial capaz de contenerlos y castigarlos, para que el mensaje sea claro y disuasivo, y para que la ciudadanía pueda experimentar una disminución palpable de los homicidios, de modo que la inseguridad que hoy campea sea una realidad superada.
La seguridad en el área metropolitana exige una respuesta unificada. Las alcaldías de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca y Lebrija deben asumir este desafío con una estrategia conjunta e integral: la delincuencia no respeta límites municipales y su combate tampoco debería hacerlo.
