Publicado por: Editorial
La labor de las autoridades ambientales en la protección de la fauna silvestre, aunque indiscutiblemente meritoria, lamentablemente se ve insuficiente ante datos como los de la Defensoría del Pueblo, que registran la afectación de más de 160 mil animales en el país en un periodo de solo tres años. La capacidad de respuesta en rescates o procesos de rehabilitación choca con una realidad donde el tráfico y el abuso continúan su curso, dejando un rastro deplorable de animales extraídos de sus ecosistemas y condenados, en muchos casos, a una vida tortuosa y a una muerte temprana.
Es innegable el esfuerzo de corporaciones como la CDMB al lograr la liberación de más de tres mil animales en Santander, una cifra que representa un logro significativo en la carrera contra el tiempo, pero que no alcanza para superar el hecho de que casi el 30 % de los especímenes incautados en esa región no lograron ser reintegrados a su entorno porque permanecen en centros de atención, porque fallecieron o porque su estado les impide volver a la vida salvaje.
Frente a esta realidad, la ciudadanía tiene también una obligación que a menudo desconoce o subvalora, porque es la demanda de mascotas exóticas, el consumo de carne de monte o la indiferencia ante el sufrimiento animal lo que nutre los mercados ilegales. Mientras exista quien compre una boa constrictor o una tortuga morrocoy, o quien crea normal la extracción de una zarigüeya de su hábitat, el trabajo de las autoridades será en vano. Por esto, las autoridades ambientales, además de las incautaciones, deben luchar también por presupuestos suficientes, además de programas de prevención y educación para todo el país.
La desconexión entre el ser humano y la naturaleza es una de las causas profundas de esta problemática. En 19 regiones colombianas, las autoridades detectaron que las comunidades simplemente ignoran la importancia ecológica de las especies que extraen, por lo que las entidades gubernamentales y las corporaciones autónomas regionales deben explicar de forma clara y contundente el papel vital que cumplen los animales en el control de plagas o en la dispersión de semillas y sumar así ciudadanos aliados con la conservación.
La tenencia ilegal de animales silvestres como mascotas o para exhibición es un delito contra la biodiversidad; por lo tanto, las autoridades están en la obligación de perseguir esta práctica con todo el peso de la ley, pero también deben divulgar campañas que desincentiven esta cultura del coleccionismo vivo. El simbolismo de estatus que algunos buscan al poseer un animal exótico debe ser combatido con un mensaje que promueva la vida en libertad y el respeto por los ecosistemas, una tarea que requiere tanto de la coerción como de la pedagogía.
El llamado de la Defensoría del Pueblo a fortalecer la coordinación entre las autoridades y los sistemas de información es un punto crítico que no puede quedar en el papel, por cuanto la lucha contra el tráfico de fauna debe sumar esfuerzos entre la Policía, las corporaciones autónomas, el Ministerio Público y las comunidades, pues una información fragmentada y una acción desarticulada simplemente son ventajas para los traficantes, por lo que se hace necesaria una estrategia nacional unificada, con objetivos claros y metas medibles, que permita atacar el problema desde todas sus variables.
