Las críticas a la política de Paz Total del gobierno anterior son válidas. Hay que reconocer que, pese a sus ambiciosos objetivos, hubo desde problemas de diseño y metodología hasta dificultades en la conformación de los equipos negociadores que, si bien conocían el conflicto, no tenían la misma experticia en el complejo campo de las negociaciones de paz alrededor de cuestiones como los mecanismos, la definición de la agenda, los tiempos, la priorización y las líneas rojas.
Pero lo anterior no significa validar la idea de cerrar por completo la puerta de la negociación política, dado que, como lo demostró el gobierno Petro con el fracaso de la Paz Total, las políticas de paz y seguridad deben ir siempre de la mano.
En las condiciones de nuestra conflictividad, cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica, debe tener claro que necesita diseñar y ejecutar políticas públicas serias tanto en materia de seguridad territorial como frente a las posibilidades de negociación. Es un error descuidar la seguridad en nombre de la paz, como lo es tirar al mar las llaves de la paz en nombre de la seguridad.
Y al respecto, una anécdota lo deja ver con claridad. Recordemos que el 5 de agosto de 2002, dos días antes de entregar el poder, el presidente Pastrana consultó al presidente electo Álvaro Uribe sobre la decisión de adherir al Estatuto de Roma. Uribe estuvo de acuerdo, con la condición de aplicar el artículo 126 de dicho tratado, que le permitía a Colombia diferir por siete años su entrada en vigencia. Con esto, Uribe, pese a haber recibido un contundente mandato ciudadano para buscar la seguridad sobre la base de la mano dura, buscó no cerrar la posibilidad de una negociación política con los paramilitares y con el ELN.
Ojalá el gobierno De la Espriella, más temprano que tarde, evite cometer el mismo error de su antecesor, entre otras cosas porque no está claro cómo se va a sostener una ofensiva militar con una Fuerza Pública que tiene sus capacidades disminuidas en términos, por ejemplo, de helicópteros de transporte y aviones de combate operativos, así como con un déficit presupuestal que se calcula en unos 14 billones de pesos.
Esto, mientras, a diferencia de contextos como el salvadoreño, un país con el tamaño del departamento del Cauca, enfrentamos amenazas con abundantes rentas ilegales producto del narcotráfico y la minería ilegal, con capacidad de cooptar mediante el soborno o la intimidación a autoridades políticas, policiales y militares, con control de fronteras marítimas y terrestres y vinculadas con organizaciones de crimen organizado transnacional, desde carteles mexicanos hasta la mafia albanesa.
Tampoco está claro cómo, en estos tiempos que ya no son los del Plan Colombia, el uso de la fuerza por parte del Estado se va a complementar durante estos cuatro años con inteligencia, intervención territorial y capacidades de investigación judicial.
