Víctimas de la violencia y organizaciones como la USO y CREDHOS valoraron la decisión de la JEP, pero señalaron vacíos en el esclarecimiento de los hechos. Piden profundizar en las responsabilidades, ampliar el contexto regional y mantener la búsqueda de los desaparecidos.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Al menos 483 víctimas individuales y 15 sujetos colectivos fueron acreditados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el proceso por la toma paramilitar de Barrancabermeja. Para muchas de ellas, la decisión que llamó a 12 comparecientes a reconocer responsabilidad representa un avance, pero no el cierre de una búsqueda de verdad que comenzó hace 28 años.
Luz Almanza, integrante del Colectivo 16 de Mayo, lleva casi tres décadas buscando respuestas por la desaparición de su esposo, Rigoberto Nelson García. Considera que el auto constituye apenas uno de los pequeños avances alcanzados durante ese tiempo.
“No hemos avanzado plenamente en la verdad, porque está la verdad de los victimarios, no está la verdad real proporcional que nosotros queremos que se sepa, porque ellos hablan para obtener unos beneficios, no hablan una real verdad que nosotros como víctimas sintamos esa satisfacción de decir: es verdad lo que nos contaron, porque hay mucho contraste en lo que ellos hablan y mucha responsabilidad hacia otros que ya no están, que ya murieron y que realmente no pueden hablar”, dijo.
Por su parte, Rocío Campos, víctima de la masacre del 16 de mayo de 1998 e integrante del mismo colectivo, señaló que la investigación todavía no resuelve la búsqueda de las víctimas desaparecidas. El paso del tiempo, además, aumenta el temor de que quienes conocen los hechos mueran sin entregar respuestas.
“Nosotros seguimos insistiendo en esa búsqueda por recuperar esas E16 víctimas que aún nos faltan, entre esas, mi hermano, que todavía no lo hemos podido encontrar”, dijo Campos.
USO pide ampliar el contexto de la persecución sindical
Liria Manrique, apoderada judicial de la Unión Sindical Obrera (USO), considera que uno de los vacíos está en la manera como el auto aborda la persecución contra el sindicato. A su juicio, la decisión concentra la participación relacionada con Ecopetrol en José Eduardo González Sánchez, entonces subjefe de seguridad de la refinería, pero no desarrolla suficientemente el contexto de una persecución que buscaba debilitar políticamente a la organización.
“El auto se queda corto porque no menciona en el contexto que realmente había una alianza para diezmar la Unión Sindical Obrera. González mismo lo dice en sus testimonios, que lo que se quería era quitarle a un sindicato tan poderoso como la USO su capacidad de lucha, en un momento en que se estaba dando todo el proceso de privatización de la Empresa Nacional de Petróleos”, explicó.
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Manrique sostuvo que los asesinatos, desapariciones, exilios y demás hechos contra integrantes de la USO no pueden leerse como episodios aislados. La organización pedirá que la JEP reconozca esa dimensión dentro del contexto del caso.
“Vamos a intentar pedirle a la JEP que reconozca el contexto, que reconozca que el ataque que nos ha dejado a la fecha 130 víctimas asesinadas de este sindicato, más de 800 hechos victimizantes, muchísimas personas en exilio, varios desaparecidos, no son hechos aislados, que finalmente lo que se quería desde un inicio era que el sindicato se diezmara políticamente”, explicó.
CREDHOS pide ampliar la investigación
Para la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), víctima acreditada dentro del caso, el papel de Ecopetrol requiere una investigación más profunda, que no se limite al componente de seguridad y revise posibles responsabilidades administrativas y financieras.
“Se debe profundizar más en la investigación que tiene que ver con Ecopetrol, su responsabilidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes cometidos, las masacres, pero además desde una participación también administrativa y financiera”, dijo Iván Madero, presidente de CREDHOS.
La organización sustentó esta petición en un informe entregado a la JEP sobre contratistas del Magdalena Medio afectados durante la expansión paramilitar, con pérdida de contratos, exigencias económicas y cesión de actividades de contratación.
CREDHOS también pidió ampliar la mirada territorial del proceso y conectar los hechos de Barrancabermeja con otros municipios del Magdalena Medio y con la actuación de estructuras militares y de inteligencia en Santander, Bolívar, Antioquia y Cesar.
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Las víctimas y organizaciones participantes tienen 15 días, contados desde la notificación del auto, para presentar observaciones frente a la decisión. En ese plazo definirán también los argumentos para una eventual apelación.
