El cambio constitucional avanza mientras la oposición en el exilio denuncia que la reforma busca garantizar la continuidad del poder dentro del núcleo Ortega-Murillo.
En una sesión celebrada lejos de la capital, entre los muros históricos de la ciudad de León, el Parlamento nicaragüense selló una decisión que promete transformar el futuro electoral del país centroamericano por al menos una década. La votación, breve y sin sorpresas, confirmó lo que analistas y opositores en el exilio venían anticipando desde hace semanas.
La Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que amplía el período presidencial de seis a siete años y bloquea el camino electoral para quienes el Gobierno considera “traidores a la patria”. La medida necesita una segunda ratificación legislativa para entrar en vigor plenamente. Además: Daniel Ortega asesta golpe a la democracia en Nicaragua: “Aquí no volverá a haber elecciones”
🇳🇮✨ Desde la Ciudad de León, Capital de la Revolución, la Asamblea Nacional, junto al Pueblo Presidente, realiza la Sesión Especial de Aprobación de la Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua 📜🇳🇮 pic.twitter.com/hVMJcmyEj6
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) September 1, 2026
Un artículo que cierra las puertas políticas
El nuevo artículo 47 de la Constitución establece que no podrán aspirar a cargos de elección popular ni ejercer funciones públicas quienes hayan sido catalogados bajo esa etiqueta, un término que las autoridades ya aplicaron contra al menos 452 personas desnacionalizadas, entre ellas figuras reconocidas como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La exclusión también alcanza a quienes hayan liderado, financiado o participado de cualquier forma en intentos de golpe de Estado, así como a quienes promuevan sanciones internacionales contra Nicaragua, pidan intervención militar extranjera o reciban financiamiento del exterior con fines políticos. El texto prohíbe, además, que estas personas integren juntas directivas de partidos u organizaciones políticas.
El presidente del órgano legislativo, Gustavo Porras, celebró que el articulado fuera “aprobado de forma unánime” por los diputados presentes, en una jornada que se desarrolló frente a la catedral de León, a unos 90 kilómetros de Managua. Siga informado: Caso UNGRD: Interpol no reactivará circular roja contra Carlos Ramón González, asilado en Nicaragua
Ortega concentra tres décadas de poder
Detrás de la iniciativa está Daniel Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007 y que acumula un total de treinta años al frente del Ejecutivo, contando su etapa como coordinador de la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y su primera presidencia entre 1985 y 1990.
Ortega regresó al poder gracias a un pacto secreto forjado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán, que abrió la puerta a una reforma constitucional para reducir al 35 por ciento el umbral necesario para ganar unas elecciones presidenciales sin necesidad de segunda vuelta.
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Desde 2017, Ortega comparte el mando con su esposa, Rosario Murillo, quien fue elevada al cargo de copresidenta mediante una enmienda de 2025. La ampliación del mandato a siete años, aprobada ahora, también beneficiará a diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos y los jefes del Ejército y la Policía. Lea también: Escándalo en embajada en Nicaragua: Carlos Ramón González captado de rumba mientras sigue prófugo
La reforma llega semanas después de que Ortega declarara públicamente, el 19 de julio, que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, una frase que generó un fuerte rechazo en la región. Bolivia, Brasil, Chile y varios países centroamericanos calificaron el anuncio como un retroceso democrático, mientras Estados Unidos pidió a la comunidad internacional aislar al Gobierno nicaragüense y Panamá optó por retirar a su embajador de Managua.
Las elecciones generales, que originalmente estaban previstas para noviembre de 2026, quedaron aplazadas hasta finales de 2027 debido a las sucesivas enmiendas constitucionales impulsadas por el oficialismo desde 2024, cuando ya se había extendido el mandato presidencial de cinco a seis años. Lea también: Gobierno de Nicaragua libera a “decenas” de presos políticos tras petición de Estados Unidos
Dirigentes opositores en el exilio advierten que el verdadero propósito de estas reformas es garantizar la continuidad del poder dentro del núcleo familiar Ortega-Murillo, en momentos en que el mandatario enfrenta problemas de salud vinculados a lupus y afecciones renales.
La oposición nicaragüense, prácticamente desmantelada tras la represión de las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según cifras de Naciones Unidas, ha visto reducidas sus posibilidades de participación política a niveles históricamente bajos.
Miles de ciudadanos, entre ellos líderes políticos, intelectuales y religiosos, se vieron obligados a exiliarse tras ser despojados de su nacionalidad bajo la misma acusación de traición a la patria que ahora queda blindada constitucionalmente.
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La reforma deberá superar una segunda votación legislativa, prevista a partir del 18 de enero, para convertirse definitivamente en ley.
