La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dará a conocer el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso Magdalena Medio, en el que establecerá las responsabilidades de integrantes de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles por crímenes cometidos en la región durante la violencia paramilitar.

Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegará el próximo 2 de septiembre a Barrancabermeja para dar a conocer las primeras imputaciones del Caso 08. La Sala de Reconocimiento de Verdad presentará el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso Magdalena Medio, en el que revelará qué hechos logró establecer durante la investigación y quiénes serían señalados por su responsabilidad.
El Caso 08 investiga los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles. En el Magdalena Medio, la investigación aborda los hechos de violencia cometidos contra la población civil, entre ellos los ocurridos durante la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000.
“Ya se agota la etapa de instrucción por la expedición del Auto de Determinación de Hechos y Conductas y pasamos a una etapa de imputación de cargos. Ya identificados unos hechos en el marco de esa instrucción, se ha identificado un universo de víctimas que se han acreditado ante la JEP”, explicó Manuel Camilo Ayala, abogado de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), organización acreditada ante la JEP como víctima colectiva y que también representa a víctimas en este proceso.
Ayala señaló que durante la investigación fueron escuchados comparecientes y se recogieron elementos aportados por las víctimas y las organizaciones que las representan. En ese proceso, CREDHOS ha participado en las diligencias de la Jurisdicción y en las audiencias en las que las víctimas pudieron formular observaciones frente a las versiones entregadas.

“Lo que esperamos es el anuncio de cuáles son esos hechos que ha logrado comprobar la JEP que efectivamente sucedieron y, adicional a eso, quiénes serán imputados penalmente por responsabilidad en esos hechos; es decir, los máximos responsables a nivel regional en el Subcaso Magdalena Medio”, señaló Ayala.
La decisión será presentada a las 8:30 de la mañana, en el sector del muelle del río Magdalena. Después de años de investigación, la expectativa está puesta en conocer qué logró establecer la Sala y qué responsabilidades individuales llevarán a las primeras imputaciones del Subcaso Magdalena Medio.
Las masacres que marcaron la toma paramilitar
El 16 de mayo de 1998, Barrancabermeja vivió una de las jornadas más violentas de la incursión paramilitar que se extendió por la ciudad a finales de los años noventa. Hombres armados llegaron a distintos barrios del suroriente, identificaron personas y se las llevaron en vehículos. Siete fueron asesinadas y 25 desaparecieron.
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Entre los desaparecidos estaba Daniel Campos Pérez. Su hermana, Rocío Campos Pérez, volvió a hablar de él este año, durante la audiencia de observaciones de víctimas que la JEP realizó en Barrancabermeja. Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Campos no solo reclamó por el paradero de su hermano. También cuestionó la forma en que, durante años, se intentó justificar los crímenes señalando a las propias víctimas.

“Quisieron justificar los crímenes mancillando el nombre de las víctimas, intentando presentarlas como delincuentes, subversivos y objeto de otras calumnias. Ellos eran hijos e hijas de Barrancabermeja, por eso estamos aquí haciendo memoria, exigiendo verdad y justicia”, dijo durante la audiencia.
La incursión dejó siete personas asesinadas y 25 desaparecidas. Con el paso de los años, 11 de los desaparecidos fueron encontrados y sus cuerpos entregados a sus familias. De los otros todavía no se conoce su paradero.
Para las familias, la desaparición de sus seres queridos dejó una búsqueda que, casi tres décadas después, aún no termina. Han pasado los años, se han realizado investigaciones, pero todavía hay familiares que esperan conocer qué ocurrió con quienes salieron de sus casas aquel 16 de mayo de 1998 y nunca regresaron.
La masacre del 28 de febrero de 1999
El horror de la violencia regresó a los barrios de Barrancabermeja menos de un año después.
El 28 de febrero de 1999, hombres de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC) llegaron al barrio Provivienda, donde se realizaba un bazar para recoger recursos destinados a la pavimentación de las calles. Los hombres armados dispararon contra las personas que estaban reunidas y después continuaron hacia otros sectores de la ciudad.
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Ocho personas fueron asesinadas y dos más desaparecieron. Entre las víctimas mortales estaban Helio Mejía Castellanos, Orlando Forero Tarazona, Leonardo Guzmán Martínez, Israel Ariza Ochoa, José Darío Sánchez Aguirre, Jesús Daniel Gil Mosquera, César Manuel Barroso y William Rojas Zuleta. Edgar Alfonso Sierra Sidray, de 17 años, y Luis Miguel Cifuentes Díaz fueron desaparecidos. La JEP confirmó estas cifras durante la audiencia de víctimas de marzo de 2026.
La masacre dejó familias buscando respuestas sobre lo ocurrido con sus seres queridos, pero también puso nuevamente sobre la mesa una pregunta que con los años se volvió central en las investigaciones: cómo pudieron actuar los grupos paramilitares en distintos sectores de Barrancabermeja y qué sabían o hicieron las autoridades frente a esas incursiones.
Las dos fechas quedaron asociadas a la llamada toma paramilitar de Barrancabermeja. Sin embargo, el expediente que ahora deberá resolver la JEP es mucho más amplio. Además de las masacres del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999, la JEP ha identificado otros hechos representativos ocurridos durante ese periodo.
Entre ellos están la masacre del 1 y 2 de agosto de 1998, que dejó 12 personas asesinadas; la del 4 de octubre de 2000, en la que murieron seis personas, incluidos dos niños, y la incursión en el barrio Primero de Mayo, en diciembre de 2000.
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A eso se suman otros episodios de violencia y persecución contra sectores sociales y organizaciones del Magdalena Medio, que las organizaciones y víctimas esperan queden reflejados en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas.
“Esperamos que en ese auto estén identificados hechos como los atentados, las masacres, la persecución a las organizaciones sindicales en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, los casos de los defensores y las defensoras de derechos humanos, las masacres que ocurrieron aquí en Barrancabermeja desde el año 1992 hasta el año 2001 y lo que le ocurrió al movimiento campesino”, señaló Manuel Camilo Ayala.
En el Subcaso Magdalena Medio, la JEP ha priorizado, entre otras líneas, la investigación sobre la planeación, ejecución y omisión de integrantes de la Fuerza Pública y la posible participación de funcionarios de Ecopetrol en masacres, homicidios y desapariciones cometidos en Barrancabermeja a finales de los años 90 y comienzos de los 2000.
Algunos nombres que han aparecido en la investigación
A medida que la JEP avanzó en la investigación, aparecieron nombres de militares, policías, exfuncionarios y civiles vinculados de distintas maneras a los hechos que marcaron la violencia paramilitar en Barrancabermeja.
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Entre los primeros nombres que llegaron al proceso están los del teniente coronel retirado de la Policía Joaquín Correa López, quien falleció en 2021; el mayor retirado Oswaldo Prada Escobar y el capitán retirado Antonio Enrique Daza Camargo.

En 2020, la JEP aceptó su sometimiento por los hechos del 16 de mayo de 1998 y señaló que, aunque los asesinatos y desapariciones fueron ejecutados materialmente por integrantes de las Autodefensas Unidas de Santander y Cesar, a los tres exmiembros de la Fuerza Pública se les atribuía haber omitido de manera concertada e intencional su deber de proteger a la población civil.
Prada y Daza rompieron el silencio en enero de este año, luego de casi tres décadas de la masacre del 16 de mayo de 1998. Sus versiones entregaron nuevos detalles sobre lo ocurrido antes y durante aquella incursión.
Prada se refirió a información que habría sido conocida antes de la llegada de los paramilitares y a órdenes relacionadas con la actuación de la Fuerza Pública.
Daza, por su parte, relató que recibió instrucciones de permanecer en la base y no intervenir mientras los hombres armados recorrían los barrios.
La investigación también llegó hasta Ecopetrol. José Eduardo González Sánchez, excapitán del Ejército y antiguo coordinador del Departamento de Seguridad de la empresa, entregó su versión ante la JEP en febrero de 2024.

Durante esas diligencias respondió preguntas sobre la presunta relación entre integrantes de la Fuerza Pública, estructuras paramilitares y Ecopetrol, así como sobre las masacres del 16 de mayo de 1998 y del 28 de febrero de 1999.
Dentro de la investigación, la Sala estableció como una de sus líneas de trabajo determinar la posible participación, por acción u omisión, de integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios de Ecopetrol en las masacres, homicidios y desapariciones ocurridos en Barrancabermeja durante la incursión paramilitar.
A estos nombres se suma un grupo más amplio de comparecientes. Durante la etapa de instrucción, según CREDHOS, fueron escuchados 35 comparecientes de la Fuerza Pública. Sus versiones fueron posteriormente contrastadas con los relatos de las víctimas durante la audiencia de observaciones realizada en Barrancabermeja en febrero y marzo de 2026.
“Eran 35 militares, exmilitares, expolicías, exfuncionarios del DAS, terceros civiles que habían sido llamados a las declaraciones y a las versiones voluntarias. Consideramos que de ese universo es donde van a salir las imputaciones”, explicó Ayala.
Después de conocer el auto, comenzará la etapa de definición de responsabilidades. Los comparecientes deberán pronunciarse frente a las imputaciones: quienes reconozcan verdad y responsabilidad podrán avanzar hacia una sanción propia; quienes no lo hagan se exponen a que el proceso continúe por la ruta de ausencia de reconocimiento y un eventual juicio ante el Tribunal para la Paz.











