La decisión, emitida este 2 de septiembre, atribuye crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Ejército, dos de la Policía y un exfuncionario de seguridad de Ecopetrol. La JEP reconstruyó 14 masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y persecución contra organizaciones sociales y sindicales.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Desde el Puerto Fluvial Yuma, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio a conocer este miércoles 2 de septiembre el Auto de Determinación de Hechos y Conductas sobre el subcaso Magdalena Medio y llamó a reconocer responsabilidad a 12 comparecientes por su participación en la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000.
La decisión es la primera de este tipo que adopta la Sala de Reconocimiento en el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares.
“Hemos presentado la decisión más reciente de la Sala sobre la determinación de hechos, conductas e imputación a máximos responsables. Esto es en el caso 08 que investiga los crímenes cometidos por agentes estatales, antiguos miembros del Ejército, la Policía, en asociación con paramilitares o terceros civiles. Hoy presentamos esta decisión que esclarece la toma paramilitar de Barrancabermeja”, explicó la magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.
Entre los señalados hay nueve antiguos integrantes del Ejército, dos de la Policía y José Eduardo González Sánchez, un capitán retirado del Ejército que posteriormente se desempeñó en el área de seguridad del Complejo Industrial de Barrancabermeja de Ecopetrol y terminó como mando paramilitar del Bloque Central Bolívar. Además: JEP revelará las primeras imputaciones en el marco de la violencia paramilitar en Barrancabermeja
La Sala atribuyó a nueve oficiales la calidad de coautores por su participación en la alianza que, según la decisión, preparó, facilitó y sostuvo la incursión paramilitar.
La JEP también llamó a reconocer responsabilidad por omisión a los brigadieres generales retirados Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva. De acuerdo con la Sala, por las funciones que desempeñaban, la información disponible y los recursos bajo su mando, tenían capacidad para prevenir los crímenes, controlar a sus subordinados y proteger a la población civil.
Según la investigación, la persecución no se limitó a los ataques armados. La JEP determinó que la Unión Sindical Obrera (USO) fue uno de los objetivos estratégicos de la toma. La violencia incluyó asesinatos selectivos, desapariciones, seguimientos de inteligencia e infiltraciones al sindicato. Lea: Primer fallo de la JEP contra las Farc: secuestros que marcaron a Santander
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La Sala también imputó a tres comparecientes el crimen de lesa humanidad de persecución contra la USO y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). Esta última organización fue objeto de amenazas, atentados y desplazamientos durante el periodo investigado.
La investigación se construyó durante tres años con participación de las víctimas. La JEP recibió 35 versiones voluntarias, 10 declaraciones juradas y contrastó 60 informes, 33 sentencias de Justicia y Paz, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miles de documentos obtenidos en inspecciones a instalaciones militares, policiales y de seguridad de Ecopetrol.
Una alianza con grupos paramilitares para controlar Barrancabermeja
La investigación concluyó que comandantes, oficiales de inteligencia y de operaciones del Ejército y la Policía, junto con un antiguo funcionario del área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol, establecieron una alianza criminal con estructuras paramilitares con el propósito de expulsar de Barrancabermeja a la guerrilla y a quienes eran señalados como parte de ella. Se recomienda: La desaparición, un cáncer que sigue vigente: van 1.730 casos desde la firma del Acuerdo de Paz
“El objetivo de la alianza era traer a los paramilitares a la ciudad de Barrancabermeja, eso ha sido explicado en detalle tanto por los antiguos paramilitares como por algunos miembros del Ejército y la Policía que contribuyeron a la investigación, aportaron verdad”, sostuvo la Magistrada.
Además agregó que dentro de la categoría de “guerrilla” fueron incluidos sectores de la población civil que no hacían parte de estructuras armadas.
“Traer a los paramilitares a Barranca para expulsar a la guerrilla, pero la guerrilla no era entendida solo como los combatientes armados, sino también como las organizaciones sindicales, sociales, los habitantes de los barrios que fueron señalados por la inteligencia militar como la fachada de la guerrilla”, dijo.
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La decisión advierte que esa categoría terminó incluyendo a habitantes de los barrios nororientales, organizaciones sindicales, movimientos sociales y defensores de derechos humanos. Para la Sala, la estigmatización convirtió la pertenencia a un sindicato, una organización campesina o de derechos humanos, e incluso vivir en determinados sectores de la ciudad, en motivo de señalamiento.
El auto establece que entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000 fueron asesinadas al menos 431 personas y otras 85 fueron víctimas de desaparición forzada en Barrancabermeja.
Según la JEP, solo durante 1998, los hechos atribuidos a agentes del Estado pasaron de 22 a 310, un incremento superior al 1.309 %. La JEP reconstruyó además 14 masacres ocurridas durante el periodo de la toma paramilitar.
La masacre del 16 de mayo, el inicio de la toma paramilitar a Barrancabermeja
Uno de los episodios centrales reconstruidos por la JEP ocurrió el 16 de mayo de 1998. Según el auto, ocho días antes el entonces presidente de la Unión Sindical Obrera, Hernando Hernández, había advertido al comandante de la Quinta Brigada, Fernando Millán, sobre el ingreso inminente de los paramilitares. La alerta, según la Sala, fue ignorada.
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Esa noche, cerca de 50 hombres armados ingresaron a Barrancabermeja en camiones y camionetas. Recorrieron los barrios orientales, asesinaron a siete personas y se llevaron a otras 25, quienes posteriormente fueron trasladadas a San Rafael de Lebrija, donde fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas, de acuerdo con la reconstrucción judicial. Le recomendamos: Video: “Necesitaríamos 300 años para hallarlos”: directora de la UBPD
La Sala también documentó las masacres del 1 y 2 de agosto de 1998, que dejó 11 personas asesinadas y cuatro heridas; la del 28 de febrero de 1999, con ocho asesinatos y dos desapariciones; y la del 4 de octubre de 2000, cuando seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos menores de edad.
Estos hechos hacen parte de los episodios utilizados por la JEP para establecer el patrón de violencia de la toma paramilitar.
Los 12 comparecientes llamados a reconocer responsabilidad en la JEP
La JEP llamó a reconocer responsabilidad a nueve antiguos integrantes del Ejército y la Policía por su participación en la alianza que preparó, facilitó y sostuvo la toma paramilitar de Barrancabermeja.
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Entre ellos están José Domingo García García, quien comandaba el Batallón de Inteligencia No. 2; Juvenal Ovidio Brugés Palmera, oficial de inteligencia militar de esa unidad; José Eduardo González Sánchez, capitán retirado del Ejército y posteriormente segundo en el área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja; Oswaldo Prada Escobar, oficial de inteligencia del Batallón de Artillería Nueva Granada.
Así mismo, Jesús Herrera García, mayor y segundo comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 Héroes de Majagual; Carlos Eduardo Avendaño, oficial de operaciones del Batallón Nueva Granada; y Óscar Diego Sánchez Vélez, comandante de ese mismo batallón. .Le sugerimos: ¿A dónde van los desaparecidos en Santander?
También fueron llamados a reconocer responsabilidad Nilson Durán Durán, subintendente de la Policía, y Juan Carlos Celis Hernández, teniente y jefe de la SIJIN en Barrancabermeja. La investigación de la Sala documentó la participación de ambos en hechos relacionados con las incursiones paramilitares.
La JEP llamó además a responder por responsabilidad por omisión a los brigadieres generales retirados Héctor Eduardo Peña Porras, quien comandó el Batallón de Contraguerrillas No. 45 entre noviembre de 1997 y noviembre de 1999; Fernando Millán Pérez, comandante de la Quinta Brigada entre diciembre de 1996 y diciembre de 1998; y Alberto Bayardo Bravo Silva, quien sucedió a Millán al frente de esa unidad entre diciembre de 1998 y septiembre de 1999.
La Sala consideró que, por sus funciones, facultades, información y recursos disponibles, tenían capacidad para prevenir los crímenes, controlar a sus subordinados y proteger a la población civil.
Este es el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas que adopta la Sala de Reconocimiento de Verdad en el #Caso08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares y/o terceros civiles. pic.twitter.com/s7af1ONUqb
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 2, 2026
¿Qué sigue después del auto?
Los 12 comparecientes deberán ser notificados y tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir las imputaciones con argumentos y pruebas. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para presentar observaciones.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelia Arteaga, señaló que esta decisión es el resultado de una investigación de varios años y aclaró que se trata del primer pronunciamiento dentro de este subcaso, no del cierre de la investigación. Lea también: Las mujeres son las que más buscan a los desaparecidos
“Llevamos ocho años realizando esta investigación en profundidad. Esto es una parte del macro caso número 8. Es la primera decisión. Obviamente no es la última, sino la primera de este sub caso de la llamada toma de Barrancabermeja”, destacó.
Si los responsables reconocen los hechos y aportan verdad, la Sala de Reconocimiento podrá remitir una Resolución de Conclusiones al Tribunal para la Paz, que será el encargado de definir las sanciones restaurativas.
Si no reconocen responsabilidad, los casos podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y, de establecerse su responsabilidad en un proceso adversarial, podrían enfrentar penas de prisión.
