Publicado por: Editorial
La reciente incineración de siete buses en el Portal Girón de Metrolínea es una nueva manifestación de una actitud de desidia que se ha expresado desde hace años en relación con todo el Sitme. Esta estación, que tuvo un costo cercano a los 25 mil millones de pesos, no ha transportado a un solo pasajero en sus ocho años de existencia, lo cual la convierte en un elefante blanco que se ha degradado aún más hasta ser hoy un espacio donde solo puede encontrarse chatarra y cenizas, abandono e impunidad.
El problema trasciende la pérdida material de los buses o la infraestructura, por más cuantiosa que sea, porque lo que realmente indigna y preocupa es la total inoperancia de las autoridades para esclarecer estos hechos vandálicos recurrentes y, lo que es más importante, para prevenirlos. Acumulamos ya más de 50 automotores afectados por incendios en lo que va del año y la respuesta oficial se limita a anunciar investigaciones que, hasta ahora, no han conducido a resultados tangibles, preparar informes que no se traducen en acciones concretas o imponer sanciones que resultan insignificantes frente a la magnitud del desastre.
Los gironeses, por otra parte, han alertado sobre la peligrosa proximidad de un tubo de gas a la estación de Metrolínea, lo que convierte cada incendio en una amenaza para las viviendas aledañas y la integridad física de los habitantes del sector y hace aún menos aceptable que no se haya implementado un plan de vigilancia que proteja a la comunidad, sobre todo porque la ausencia de resultados en la identificación y captura de los culpables deja la idea de que la destrucción de los bienes públicos es una actividad que se puede realizar sin consecuencia punitiva alguna.
Lo inexcusable es que, después de tantos años de atentados y de un evidente deterioro, las autoridades competentes, incluyendo a la Policía y a la Fiscalía, no hayan podido presentar un solo avance significativo en las investigaciones, lo que deja al descubierto una especie de vacío de poder que es ocupado por la delincuencia y el vandalismo. Los ciudadanos han hecho su parte, denunciando, exigiendo y alertando, pero las instituciones parecen desoír sus reclamos.
Vigilar una estación y sus buses no es una tarea compleja, por lo que la respuesta de Metrolínea, afirmando que no tiene cámaras ni vigilancia contratada, en lugar de una justificación, es una confesión de negligencia que no puede validarse porque, entre otras cosas, si no hay capacidad para garantizar la seguridad de sus activos, menos aún la habrá para prestar algún día un servicio público confiable y eficiente.
La paciencia de la comunidad se agotó hace rato, lo mismo que su credibilidad en un sistema de transporte que no ha dado sino problemas, cada vez mayores, a la ciudad y del que ya muy pocas personas esperan algo en el futuro. Por ahora, en lo que toca a esos ataques, se necesitan acciones concretas, desde la contratación inmediata de seguridad privada hasta la instalación de sistemas de vigilancia efectivos, pasando por una investigación judicial que no solo identifique a los autores materiales de estos crímenes, sino que también esclarezca las responsabilidades administrativas y políticas que han permitido que esta situación se prolongue por años.
