Publicado por: Editorial
La reciente obtención de la licencia ambiental para el Anillo Vial Externo Metropolitano, un permiso largamente tramitado y finalmente concedido por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, hubiera sido motivo de celebración para el departamento si no fuera porque, al mismo tiempo, el proyecto enfrenta una complicada realidad financiera. Es decir, quedamos en el insólito mundo en el que, cuando por fin tenemos la licencia largamente esperada, no tenemos los recursos suficientes para ejecutar la obra según lo inicialmente planeado.
En otras palabras, la construcción completa de las dos calzadas originalmente concebidas tiene un costo estimado en 2,8 billones de pesos, una cifra muy lejana de los 480 mil millones de pesos del contrato inicial, con el agravante de que reducir el proyecto a una sola calzada (que aun así exigiría 1,3 billones de pesos) no resuelve el problema, pues ni siquiera con la máxima adición presupuestal permitida por la ley, que llevaría los recursos a unos 720 mil millones, se cubriría el costo total de esa primera fase.
Esta brecha financiera es hoy el verdadero tapón que asfixia el avance de la obra y, ante este panorama, la decisión del gobernador de ejecutar el proyecto gradualmente, pavimentando los tramos donde sea posible y priorizando la compra de predios con los fondos existentes, es una muestra de pragmatismo, pero debería considerarse como un mecanismo de transición mientras se consiguen los recursos faltantes, por cuanto esta fragmentación de la obra podría dilatar indefinidamente su culminación.
Por otra parte, es fundamental conservar la visión inicial de una vía de dos calzadas que realmente descongestione el área metropolitana de Bucaramanga. Es comprensible que la administración actual gestione lo heredado, pero la realidad exige una planeación que trascienda los periodos de gobierno y, en este sentido, insistir en que la obra se complete con dos carriles es enfatizar en la necesidad estratégica que evitará, a mediano plazo, que el departamento enfrente nuevos contratos y, en consecuencia, un incremento exponencial de los costos para el erario.
Es un hecho que se podrán construir cerca de doce kilómetros antes de que finalice el mandato del gobernador, pero ese resultado parcial no debe distraernos del objetivo principal, cual es la búsqueda de fondos adicionales, ya sea de origen nacional o mediante alianzas, para asegurar que la segunda calzada no quede olvidada para siempre. En otras palabras, la gestión financiera para el Anillo Vial debe ser tan intensa como lo fue la gestión ambiental para obtener la licencia.
La región no puede perder el concepto del diseño original. El hecho de que el dinero no alcance para las dos calzadas debe tomarse como un desafío para la dirigencia departamental, sobre todo en tiempos en los que Santander cuenta con un gobierno nacional que ha manifestado estar en la mejor disposición para enrutar al Departamento por los caminos del desarrollo, un apoyo que no tuvimos en los últimos años. Por esto, la comunidad y los gremios deben mantenerse vigilantes y exigir que el esfuerzo no se diluya en promesas de fases futuras que pueden ser solo ilusiones.
Es preciso que la Gobernación diseñe una estrategia clara, con plazos y fuentes de financiación específicas para la segunda calzada, garantizando que la licencia ambiental, tan costosa en tiempo y gestiones, no sea un fin en sí mismo, sino el punto de partida para la ejecución total del proyecto.
En definitiva, la paradoja de llegar a la licencia ambiental al tiempo con la incertidumbre financiera, antes que desanimarnos, debe impulsar una gestión más ambiciosa y eficiente, que busque con determinación los recursos que exige una obra de tal envergadura. Construir el anillo vial tal como fue concebido, con sus dos calzadas, es una inversión a futuro mucho más rentable que prolongar indefinidamente la provisionalidad de la vía, lo que, como se ha dicho, sin duda nos acarreará un costo mucho mayor para el erario en el futuro.
