Publicado por: Editorial
Aunque suelen ser fuertemente desestabilizadores del ánimo y la armonía que debe primar en la comunidad, los grafitis que hoy cubren fachadas, muros y espacios públicos en Cabecera y en otros sectores de Bucaramanga no deben interpretarse únicamente como actos de vandalismo, pues reducir el fenómeno a esa sola explicación impide comprender los múltiples aspectos que componen lo que realmente está ocurriendo en el tejido social de la ciudad, además de que hace más lenta y, a veces, errática la formulación de soluciones a esta situación.
Es innegable que los comerciantes y residentes de Cabecera sufren perjuicios concretos y es más que justa su queja al respecto. Las fachadas de establecimientos, los entornos públicos de gran concurrencia y hasta las obras de arte urbano, como la escultura de Botero o el Paseo de Los Hippies, por ejemplo, han sido dañados varias veces, y eso hace que sea legítima la indignación de quienes deben costear frecuentemente la reparación de sus negocios y la recuperación de los espacios comunes. Esa realidad no puede ignorarse ni minimizarse. El vandalismo no puede aceptarse.
Sin embargo, la respuesta institucional y comunitaria se ha concentrado en el endurecimiento de sanciones, el repudio a los grafiteros, los controles policiales y las jornadas de repintado, que son medidas necesarias, por supuesto, pero que solo llegan hasta aliviar el síntoma, sin alcanzar la raíz del fenómeno. Ocurre entonces que, cuando la solución se diseña sobre el único supuesto de que el grafiti es vandalismo, se dejan intactos los factores estructurales que lo producen y se expone a las comunidades afectadas a recaer en el mismo ciclo de limpieza y deterioro.
La sociología ofrece una perspectiva distinta, en el sentido de que el arte urbano es una forma de comunicación que expresa tensiones, identidades y dinámicas sociales. Refleja las voces y aspiraciones de grupos que no encuentran espacio o respuestas a sus inquietudes y entonces buscan que el grafiti opere como canal de denuncia frente a la desigualdad y la injusticia que experimentan a diario. De esta manera convierten la calle en territorio de diálogo, aunque ese diálogo muchas veces resulte abusivo, ambiguo o agresivo.
En Cabecera, los vecinos, por su experiencia, asocian los grafitis con el desorden, el consumo de licor en calle, los estupefacientes y hasta el tráfico de drogas. Esa conexión es reveladora, en tanto identifica la expresión visible de problemas sociales que se concentran en ciertos puntos y en ciertos horarios y termina entonces el grafiti emergiendo como un síntoma que señala cómo se ha roto el tejido social.
Reconocer esto no exime de responsabilidad a quienes dañan el patrimonio público y privado. Las autoridades deben cumplir su función, sin ambages, pero sin olvidar también que la sanción, por sí sola, no educa ni remedia el problema, porque si las leyes se endurecen sin acompañarse de políticas de prevención, de oportunidades para los jóvenes, de intervención en las dinámicas de marginalidad y de fortalecimiento de la cultura ciudadana, el resultado cíclicamente será el mismo.
