Publicado por: Editorial
La radicación del proyecto de ley de sometimiento a la justicia ante el Congreso constituye una decisión de fondo del actual gobierno, que ha presentado un marco normativo que no se enruta hacia una negociación política, sino que es un instrumento jurídico unilateral para que los grupos armados se sujeten a la Constitución y a la ley, en el que no habrá negociación, pero sí la posibilidad de rebajas de penas y en el que las víctimas tendrán un papel fundamental.
De esta manera, el Gobierno ha moderado su tono inicial de combate total y ha transitado hacia una posición dura, pero negociable en sus condiciones para las organizaciones violentas. Haber pasado de una posición de puertas cerradas a un formato de negociación que admite la posibilidad de tratar iniciativas de sometimiento es un avance que han destacado tanto los partidos afines al Gobierno como los que no lo son. Este giro, aunque ligero, merece ser valorado con objetividad, sin entusiasmos excesivos ni descalificaciones anticipadas.
El proyecto establece diferencias claras entre los integrantes de los grupos armados y, aunque se mantiene en que no habrá negociación política, sí abre la posibilidad a rebajas de penas que pueden llegar hasta el 50 % para los integrantes rasos y hasta el 30 % para los cabecillas y máximos responsables; además, tiene la novedad de que las víctimas podrán emitir un concepto favorable o desfavorable frente a la posibilidad de que sus victimarios accedan a la libertad condicional, siempre que hayan cumplido la cuarta parte de la pena.
Evidentemente, el proyecto busca diferenciarse de los procesos de negociación impulsados durante el Gobierno anterior, al plantear que el abandono de las armas y la sujeción a la justicia no impliquen la suspensión automática de las obligaciones penales, ni contempla suspender las órdenes de captura ni las solicitudes de extradición de quienes se sometan a la justicia. La idea del proyecto es que esta dureza haga entender a los violentos la seriedad de la propuesta del Estado.
Es importante señalar que el proyecto también plantea que esta sea una política de Estado que espera mantenerse y constituirse en marco normativo de sometimiento durante al menos una década, sobre la base de que la paz no puede depender de los vaivenes de la política, algo en lo que el país ha insistido incansablemente desde hace muchos años. El proyecto contempla, además, la posibilidad de cumplir la medida de aseguramiento en centros de arraigo transitorios y la pena en colonias agrícolas o cárceles productivas, como una manera de ofrecer alternativas reales a quienes deciden abandonar la violencia.
La respuesta de los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, ha sido aceptable, lo cual es un hecho que no debe subestimarse en un país donde la polarización ha marcado los debates sobre la paz.
No obstante, la calma inicial en el Legislativo no garantiza el éxito del trámite del proyecto. Los debates en el Congreso deberán abordar con rigor los aspectos técnicos, los riesgos de impunidad y las garantías para las víctimas. La responsabilidad de los legisladores es alta y su compromiso con el interés general debe prevalecer sobre los cálculos partidistas.
Queda entonces esperar a que efectivamente se surta todo el trámite de la ley, que pase el estudio de constitucionalidad y reciba sanción presidencial, para poder medir la respuesta de los grupos armados ilegales en dirección a lograr la paz o, al menos, reducir los frentes de violencia. La complejidad del tema exige prudencia y firmeza y, por ahora, reconocer que el Gobierno ha dado un paso hacia una política más realista y jurídicamente sólida, definiendo instrumentos legales que resistan el tiempo y las circunstancias cambiantes y, por otra parte, que ofrezcan resultados verificables que den a la paz la posibilidad que por varias décadas se ha perdido.
