Publicado por: Editorial
La revisión técnico-mecánica y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, fueron creados con el objetivo de proteger la vida y la integridad de quienes transitan por las vías, fueron concebidos como una especie de mecanismos de seguridad colectiva que deberían tener entre sus resultados el de reducir la probabilidad de siniestros y garantizar atención médica oportuna cuando ocurren. Su finalidad es loable y debe defenderse sin ambigüedades, lo que cada día está más en discusión es su verdadera aplicación.
Lo cierto, y comprobable, es que la realidad contradice el propósito inicial, pues, en Santander, por ejemplo, las cifras oficiales muestran que más de la mitad de los vehículos registrados no tiene el Soat vigente y una proporción aún mayor incumple la revisión técnico-mecánica, lo que implica sencilla y trágicamente que una considerable proporción del parque automotor circula en inadecuadas e ilegales condiciones de seguridad y sin el respaldo económico para atender las consecuencias de un percance, todo por efecto de unos requisitos que existen, pero su cumplimiento ya no es la norma sino la excepción.
El problema, obviamente, no radica en la existencia de estos requerimientos, sino en la falta de consecuencias reales para quienes los incumplen, además porque cuando las autoridades no aplican sanciones de manera sistemática, se impone una lógica de permisividad e impunidad que reduce la credibilidad del sistema y lo que termina operando es una ley inequitativa, que castiga a quienes sí asumen los costos económicos y las molestias administrativas que implican estar al día.
Quien paga la revisión y mantiene vigente el Soat lo hace con recursos propios y lo hace porque acata las leyes y, además, porque reconoce el valor de proteger a otros, pero cuando ese mismo ciudadano advierte que a su lado transitan vehículos en notorias condiciones deplorables o conductores que nunca han adquirido el seguro obligatorio, la sensación de injusticia es inevitable y legítima.
La inequidad se profundiza cuando ocurre un accidente y la víctima descubre que el causante no tiene Soat, por lo que la persona lesionada debe enfrentar gastos médicos, pérdidas laborales y daños materiales sin un respaldo claro. La revisión técnico-mecánica, por su parte, cumple una función preventiva de la mayor importancia, pues un vehículo con frenos deficientes, llantas desgastadas o luces averiadas es un riesgo para su conductor y para todos los demás, pero si casi seis de cada diez vehículos no han sido revisados, significa que una parte importante de la siniestralidad vial tiene origen en una omisión de propietarios y autoridades.
No se trata de satanizar a los propietarios ni de desconocer las dificultades económicas que muchos enfrentan. Los costos de la revisión y del Soat son elevados y representan un esfuerzo real para las familias de ingresos medios y bajos; esa es una realidad que el Estado debe reconocer, pero la respuesta no puede ser permitir que la obligación desaparezca, porque quienes cumplen quedan en desventaja.
En este punto se rompe el principio de igualdad ante la ley que exige que las normas se apliquen a todos de la misma manera, por lo cual, si el Soat y la revisión son obligatorios, deben serlo de verdad, con controles sistemáticos, sanciones efectivas y mecanismos ágiles para verificar su vigencia. La autoridad no puede limitarse a recomendar el cumplimiento mientras las vías se llenan de vehículos que circulan al margen de la norma sin enfrentar consecuencia alguna.
El efecto de esta permisividad es que con el tiempo, más propietarios concluirán que no vale la pena pagar por requisitos que unos no cumplen y otros no exigen, por lo que la norma se vaciará (aún más) de contenido y quedará como un enunciado formal sin efecto real. Cuando eso ocurra, la seguridad vial será peor de la que ya tenemos y la protección de las víctimas será una tarea cada vez menos posible de cumplir.
