Publicado por: Editorial
Se han convocado manifestaciones de protesta para los próximos días, una de ellas prevista para esta misma semana, y, ante este escenario, es necesario formular una recomendación clara y serena a los organizadores, participantes y a las autoridades, en el sentido de que el deber de cada una de estas partes es actuar con la mayor prudencia y sujetarse a las leyes que regulan estas expresiones populares. El objetivo debe ser evitar perjuicios para las personas y preservar la convivencia, como uno de los mayores valores ciudadanos.
La protesta, sin duda, es un derecho legítimo en cualquier democracia; así lo ha sostenido reiterada y coherentemente Vanguardia, en el sentido de que no se trata de un favor que los gobiernos concedan, sino de una facultad ciudadana que el Estado tiene el deber constitucional no solo de garantizar, sino de proteger. Negarlo, descalificarlo o condicionarlo fuera del marco legal solo alimenta el descontento social y debilita las instituciones democráticas. Además de que traslada la protesta a terrenos más conflictivos y, por supuesto, más difíciles de tramitar.
Pero, obviamente, hemos sostenido también que la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades, puesto que quienes convocan y participan en una protesta asumen ante la sociedad un deber equivalente al que se exige del Estado, lo cual significa, ni más ni menos, que su manifestación debe transcurrir por los canales legales y debe respetar, e incluso defender, los derechos de los ciudadanos que no participan de su invitación, pues la legitimidad de una causa o el ejercicio de una prerrogativa no autoriza a vulnerar derechos ajenos.
De aquí se desprende que, por ejemplo, no bloquear vías, no causar daño en la infraestructura de la ciudad o en la propiedad privada, no afectar el orden público y no propiciar acciones provocadoras son medidas que forman parte de las obligaciones de quienes se expresan en las calles. Esta conducta sensata genera condiciones para que el mensaje sea bien recibido, mientras que la violencia y el desorden, en lugar de amplificarlo, lo empañan y propician su rechazo. Una cosa es la protesta y otra muy distinta el vandalismo o la destrucción del mobiliario urbano y la propiedad privada. Mientras la primera es un derecho legítimo, el segundo resulta completamente inadmisible.
La historia reciente demuestra que cuando una protesta deriva en enfrentamientos, bloqueos prolongados o destrucción de bienes, el debate público se desplaza del fondo del reclamo hacia los hechos de violencia y las mayorías que podrían solidarizarse con una causa se retraen, con lo que el objetivo se pierde y el costo lo pagan, con frecuencia, las propias comunidades que se pretendía representar o defender.
Por eso, contrario a lo que suele afirmarse, recomendar prudencia en las manifestaciones populares de protesta, lejos de ser una manera de desactivarla, es una forma de resguardarla, mediante la posición clara y constitucional de asegurar que el derecho se ejerza sin menoscabo de otros derechos y para que la sociedad pueda tramitar en democracia sus conflictos, sin acumular tensión y fracturarse. La conclusión en este punto es claramente que la protesta, si es pacífica y legal, fortalece la democracia, mientras que, si es violenta, la debilita y la confina.
