Publicado por: Editorial
La aprobación por parte del Concejo de Bucaramanga de las Zonas de Estacionamiento Regulado Transitorio, conocidas como Zert, ha abierto un debate que debe darse con amplitud y seriedad, pues la medida, que faculta a la Alcaldía y a la Dirección de Tránsito para cobrar por el parqueo en vías públicas, genera resistencia entre administradores de parqueaderos, urbanistas, ciudadanos y conductores, quienes han expresado dudas razonables sobre movilidad, legalidad, control y equidad.
Los dueños y administradores de parqueaderos, por ejemplo, temen que el cobro público en las calles compita de manera desigual con sus negocios, que tienen costos significativos como obligaciones tributarias, laborales y de infraestructura, lo cual es una preocupación legítima que merece una respuesta clara sobre cómo se evitará la distorsión del mercado y cómo se protegerá el empleo formal del sector.
Algunos urbanistas han expresado la preocupación de que, si las zonas de parqueo no están contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y en las demás normas relacionadas, el proyecto podría caerse por la vía judicial. Aquí cabe recordar lo ocurrido a comienzos del siglo, durante la administración de Iván Moreno Rojas, cuando se tomaron decisiones sobre tránsito vehicular, cepos y parqueo en las calles que terminaron en litigios y en pérdidas para el erario.
Por otra parte, muchos conductores desconfían de una medida que, en lugar de ordenar el tránsito, podría agravar el caos, pues en Bucaramanga el parque automotor crece, las obras viales se estancan y la autoridad de tránsito se debilita. Además, una de las infracciones más sancionadas es estacionar en sitio prohibido, lo que demuestra que el problema no es, necesariamente, la falta de zonas de parqueo, sino la ausencia de control y de cultura ciudadana.
Lo deseable es que el problema del parqueo en la ciudad se inscriba en una política pública de largo plazo, que no es el caso en este momento, pues, hasta ahora, las dudas superan a las certezas. No se conocen fechas, diseños definitivos, estudios de impacto ni garantías de que las zonas no ocupen vías estructurantes o antiguas ciclorrutas. Tampoco se ha explicado cómo se evitará que Cabecera y otros barrios se conviertan en parqueaderos gigantes.
Es necesario, por tanto, volver sobre el asunto con un análisis riguroso. Lo que se contrate y se ejecute debe cumplir estrictamente con el POT y con todas las normas relacionadas, pues cualquier decisión que ignore el ordenamiento territorial está condenada a la nulidad y al desperdicio de recursos. En casos como estos, la prudencia no es debilidad, sino responsabilidad con el dinero público y con la ciudad.
El problema del parqueo en Bucaramanga es crítico, sin duda, y exige soluciones, pero estas no pueden ser coyunturales ni temporales; deben responder a políticas de largo plazo, a un necesario fortalecimiento de la autoridad de tránsito y a una visión integral de la movilidad. Incentivar el automóvil particular mientras se debilita la infraestructura para bicicletas es un paso que puede hacer trastabillar a la ciudad.
