Publicado por: Editorial
La prórroga definida por la Alcaldía de la restricción al consumo de licor en el espacio público de Bucaramanga, hasta el 30 de marzo de 2027, merece un reconocimiento inicial, pues la medida responde a una realidad que las comunidades han denunciado como crítica desde hace años y que las cifras oficiales confirman al reportar más de 5.700 sanciones impuestas entre mayo de 2025 y septiembre de 2026, por lo que ampliar en el tiempo la norma, cubriendo las festividades de octubre y la Navidad, indica cuando menos una disposición a sostener el esfuerzo.
Al mirar en detalle las cifras, se hace necesario buscar que el énfasis de las autoridades se haga sobre las zonas más afectadas por estos problemas de consumo y ellas son, según las mismas cifras oficiales, Lagos del Cacique, donde los sancionados alcanzan el 29 % del total, con 1.664 multas, y Cabecera, con 711 sancionados, equivalentes al 12 %. Estas dos zonas, precisamente las de mayor actividad de ocio nocturno, reúnen una proporción considerable del total, como que es casi la mitad de los sancionados en toda la ciudad.
La comunidad de Cabecera ha reclamado durante años controles más estrictos sobre los negocios nocturnos, pues considera que se vulnera grave y permanentemente su derecho a la tranquilidad y a la seguridad. Que esa demanda no haya encontrado respuesta suficiente es un asunto que debe preocupar tanto a las autoridades como a los propios responsables de los negocios nocturnos, pues la convivencia no puede depender de la tolerancia interminable de quienes madrugan para trabajar y no logran dormir por el escándalo ajeno. La norma actual es un alivio, aunque no resuelve de fondo el problema.
El perfil de los sancionados también aporta información relevante. Ocho de cada diez multados son hombres, con una edad promedio de 29 años, y el grupo entre 18 y 40 años concentra el 86 % de las infracciones. Además, que haya un 9 % de reincidentes, 460 personas, revela que existe un núcleo, aunque minoritario, que no responde a la sanción económica, por lo que, para ese grupo, las multas sucesivas, con aumentos del 50 % y luego del 75 %, seguirán siendo ineficientes si no van acompañadas de estrategias complementarias.
La posición expresada por la administración define que la Policía debe concentrarse en hechos realmente importantes para la seguridad ciudadana y no en cuidar personas que por el consumo excesivo de licor generan desmanes, con lo que queda claro que la restricción no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para liberar recursos y devolver el orden a las calles, pero esto solo puede funcionar si se aplica con constancia y si se acompaña de una política integral que aborde el consumo problemático en todas sus dimensiones.
Por eso, la prórroga hasta marzo debe entenderse como un recurso temporal, no como una solución definitiva, puesto que para ello es necesario diseñar estrategias de largo plazo. El consumo de licor y de sustancias alucinógenas, para hablar de uno solo de los múltiples problemas que trae la noche, requiere respuestas que combinen control, prevención, educación y atención a quienes presentan conductas de riesgo.
