Hay quienes parecen convencidos de que basta con lanzar una acusación, en público o en privado, para que una sospecha adquiera categoría de verdad. La facilidad con que hoy se atribuyen delitos ajenos resulta sorprendente, sobre todo porque las palabras suelen pronunciarse con una seguridad que no siempre acompaña a las pruebas.
Las recientes acusaciones públicas contra distintas personas dejan dudas sobre si quien denuncia sabe realmente lo que afirma o confía en que alguien más se encargue de averiguarlo. No se trata de exigir que un ciudadano llegue a las autoridades con una investigación terminada, pues para eso existen los organismos competentes. Se trata de distinguir entre contar lo que se sabe y asegurar lo que apenas se presume.
La diferencia tiene importancia. Una cosa es informar sobre posibles irregularidades y otra muy distinta afirmar que alguien cometió un delito. En el segundo caso, la acusación puede comprometer la honra y el buen nombre de quien, mientras llega una eventual rectificación, ya habrá sido juzgado por una audiencia menos exigente que cualquier despacho judicial.
Nuestro ordenamiento protege la libertad de expresión y el derecho a denunciar. También contempla la injuria, cuando concurren los requisitos de una imputación deshonrosa, y la calumnia, cuando se atribuye falsamente una conducta delictiva. Si las manifestaciones llegan a las autoridades, pueden entrar en juego otras figuras, como la falsa denuncia o el falso testimonio, según las circunstancias y los elementos que exige la ley.
Existe una consecuencia que algunos denunciantes parecen desconocer. Quien acude ante las autoridades para señalar a otra persona puede ser investigado si se descubre que formuló acusaciones a sabiendas de que los hechos denunciados no ocurrieron, pues ello puede constituir un delito.
La justicia no solo examina la conducta del denunciado, sino también la veracidad de las afirmaciones de quien denuncia. Por eso, quien inicialmente pretendía que otro respondiera ante las autoridades podría terminar dando explicaciones por sus propias acusaciones.
Sin embargo, conviene aclarar que el temor a una represalia judicial tampoco debe convertirse en instrumento para silenciar denuncias legítimas. Las sospechas fundadas merecen investigación, las víctimas necesitan canales seguros para hablar y la verdad no siempre llega acompañada de pruebas suficientes para esclarecer inmediatamente lo ocurrido.
En todo caso, inquieta la ligereza con que algunos confunden notoriedad con credibilidad y contundencia verbal con evidencia. Resulta fácil atribuir responsabilidades penales, pero sostenerlas bajo juramento, frente a preguntas precisas y consecuencias jurídicas, es otra cosa.
Una declaración exige responsabilidad, especialmente cuando compromete la honra de otra persona. Por eso, quien acusa con tanta facilidad debería recordar que, llegado el momento, tendrá que responder por sus afirmaciones. Porque lanzar acusaciones es muy distinto a demostrar que son ciertas.
