Publicado por: Editorial
La discusión sobre el presupuesto de inversión para Santander y Norte de Santander ha llegado a un punto que exige un esfuerzo mayor de lo que se ha hecho en tiempos anteriores. Esta vez, los gremios, la dirigencia política y las autoridades de ambos departamentos han presentado propuestas concretas que suman 13,4 billones de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, una cantidad que representa obras relacionadas con agua, vías, salud, educación y competitividad que llevan años esperando y que merecen el respaldo de toda la región.
Pero, lamentablemente, la historia de la unidad entre los dos Santanderes ha sido, con frecuencia, una suma de buenas intenciones e intentos fallidos. Las barreras geográficas, las mezquindades políticas y los egoísmos locales han pesado más que las necesidades compartidas y son obstáculos que deben vencerse en coyunturas como la actual, cuando el Gobierno Nacional define el presupuesto de inversión, que es el momento en el que esa unidad se vuelve imprescindible, puesto que, si seguimos hablando con voces dispersas y disonantes, perderemos fuerza frente a otras regiones del país que sí negocian como bloque.
Los siete proyectos estratégicos presentados en Cúcuta son una muestra de que la coordinación es posible. El corredor Bucaramanga-Pamplona, la navegabilidad del río Magdalena, el Pacto Territorial por el Agua y el aeropuerto de carga del Magdalena Medio son necesidades y objetivos más que legítimos para los dos departamentos, son infraestructuras que, si se ejecutan, transformarían la conexión del oriente colombiano con la frontera y con el centro del país. La reactivación de la conectante C1-C2, cuyo contrato original fue liquidado tras años de incumplimientos, es una prueba de que sin presión sostenida los proyectos se pierden.
El respaldo a los gremios y a la dirigencia significa amplificar los reclamos de las comunidades para que la ejecución de esas obras y programas por fin sea una realidad. En Santander, la PTAR Río de Oro, los proyectos de agua potable para nueve municipios, la estampilla Pro-Educación y la inversión en diez hospitales son prioridades aplazadas por demasiado tiempo, como sucede igualmente en Norte de Santander con el Tren del Catatumbo y los estudios del embalse Cínera que requieren decisiones firmes y la unidad del Gran Santander sobre pilares firmes y duraderos.
Fomentar asociaciones económicas, culturales y educativas entre los dos departamentos es una condición para que esa unidad se mantenga; fortalecer la red vial entre sus municipios es otra, entre tantas. Sin esas bases mínimas, cualquier acuerdo con el Gobierno Nacional será frágil y efímero, por lo que la defensa de la región toda no puede dejarse al azar de cada coyuntura, sino que debe constituirse objetivamente, con mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación. La Región Administrativa y de Planificación, RAP, El Gran Santander es un instrumento útil, pero necesita respaldo político y social permanente.
Los gremios y las dirigencias han hecho su tarea al presentar propuestas, participar en mesas técnicas y definir prioridades; ahora les corresponde a los gobiernos y a los congresistas de ambos departamentos asegurar que esas partidas se ejecuten. La ciudadanía, por su parte, debe exigir resultados, porque no basta con que el presupuesto figure en un documento, sino que es necesario que los contratos se adjudiquen, que las obras se ejecuten y que los recursos lleguen a los territorios.
Si la unidad de los Santanderes esta vez logra consolidarse en torno a un presupuesto serio de inversión, se habrá dado un paso decisivo, pero si, por el contrario, las diferencias vuelven a imponer distancias, se perderá una oportunidad que no se repite con frecuencia. El respaldo que todos, aquí y allá, deben dar a quienes desde el sector público y privado trabajan por esa unidad es, en el fondo, un respaldo al desarrollo de una región que tiene todo para dejar de ser marginal y convertirse en un eje importante del desarrollo nacional.
