Hay algo que debería indignarnos como sociedad: que el dinero destinado a mejorar la vida de los colombianos termine comprometido en escándalos y posibles desvíos. Gustavo Petro llegó al poder prometiendo transformar la política, acabar las viejas prácticas y recuperar la confianza en el Estado. Sin embargo, los cuestionamientos que rodean a su gobierno contrastan con aquellas promesas y dejan una profunda deuda con el país.
Las denuncias de Eva Ferrer, excolaboradora de Verónica Alcocer, abrieron un nuevo frente de investigación por el presunto uso indebido de aeronaves del Estado. Entre los señalamientos figura la posibilidad de que se hayan utilizado para transportar droga y dineros de procedencia ilícita. De comprobarse, serían hechos de extrema gravedad por el posible empleo de bienes públicos en actividades delictivas.
La Procuraduría inició actuaciones para esclarecer las denuncias, que Verónica Alcocer ha negado. Corresponde a las autoridades establecer qué ocurrió y determinar si existen responsabilidades. Los bienes del Estado pertenecen a los ciudadanos y no pueden ponerse al servicio de intereses particulares.
El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) evidencia las consecuencias de la corrupción sobre las poblaciones más vulnerables. Al 9 de octubre, la macroinvestigación registraba siete condenas en firme. Los hechos involucran recursos destinados a atender emergencias y proteger comunidades que dependen de la respuesta estatal. El desvío de esos fondos no solo compromete el patrimonio público: también perjudica a quienes esperan ayuda en situaciones críticas.
Ecopetrol, una de las empresas estratégicas del país, enfrenta cuestionamientos por presuntas malas prácticas, posibles desfalcos y decisiones que podrían afectar la seguridad energética. La gestión de su expresidente Ricardo Roa también está bajo cuestionamiento. Corresponde a la Fiscalía esclarecer los hechos y, si se prueban delitos, garantizar que los responsables reciban sanciones ejemplares, acordes con la gravedad de sus actuaciones y el impacto sobre el patrimonio nacional.
En el sector salud, el Ministerio reportó una diferencia cercana a los $2,9 billones entre los recursos comprometidos y aquellos convertidos en obligaciones y pagos. Esta brecha no demuestra por sí sola un delito, pero exige claridad sobre la ejecución presupuestal. En un sistema del que dependen millones de personas, es fundamental saber si los recursos se están convirtiendo efectivamente en atención médica.
¿Dónde quedó el cambio? El gobierno que prometió erradicar las viejas prácticas termina rodeado de escándalos, condenas y procesos judiciales que contradicen sus compromisos iniciales. Colombia queda con una profunda deuda política e institucional y con el desafío de afrontar las consecuencias económicas de su gestión, en medio de las presiones sobre las finanzas públicas y las necesidades sociales que siguen sin resolverse.
Colombia necesita instituciones independientes que actúen con transparencia, garanticen procesos imparciales y sancionen a quienes resulten responsables. También requiere cuentas claras sobre el estado de las finanzas públicas y medidas eficaces para recuperar los recursos desviados y reparar los daños causados.
La verdadera transformación comienza cuando el poder se ejerce con responsabilidad y los recursos públicos se administran pensando en la ciudadanía. Los colombianos no necesitan más promesas, sino resultados verificables, responsabilidad por los errores cometidos y garantías de que nadie está por encima de la ley.
La mayor deuda de un gobierno es la que deja cuando sus decisiones comprometen el futuro del país y las oportunidades de sus ciudadanos.
