Publicado por: Editorial
Esta semana el Congreso de la República enfrenta la discusión definitiva del Presupuesto General de la Nación, sin duda, una de sus decisiones más delicadas del año. Surtido el primer debate, el proyecto original de $556,9 billones fue recortado a $546,9 billones, lo que da paso ahora a las plenarias de Senado y Cámara para tomar una decisión final en las próximas horas, en las que lo que está en juego no es solo el equilibrio macroeconómico del país, sino la posibilidad real de que los territorios reciban los recursos que se les han prometido.
Lo que hay que entender en esta materia es que el trabajo legislativo en materia presupuestal debe estar por encima de los partidos, pues los congresistas tienen la responsabilidad de examinar con rigor las cifras que el Ejecutivo presenta y traducirlas en beneficios concretos para sus regiones. En el caso de Santander, esa tarea es determinante, pues el departamento no puede permitirse quedar al margen de las discusiones que definen inversión en infraestructura, salud, educación y reactivación económica, por ejemplo.
En este campo, las advertencias de los expertos deben tomarse en serio. La Comisión Autónoma de la Regla Fiscal, por citar un caso, ha señalado que el presupuesto está desfinanciado en más de $16 billones y que buena parte de ese faltante depende de una reforma tributaria que aún no ha sido aprobada. El Banco de la República, por su parte, también ha cuestionado los supuestos macroeconómicos del proyecto.
La estructura del gasto es otro motivo de inquietud para los entendidos que no ven claro que el 92% del presupuesto de educación se destina a funcionamiento, dejando apenas un 8% para inversión en infraestructura educativa. Los gremios médicos advierten que los 78 billones de pesos asignados no alcanzan para sanear el déficit estructural del sistema y, en infraestructura, afirman, la inversión pública queda reducida a una porción menor del gasto total, lo que limita la capacidad del Estado para dinamizar la economía regional.
Para Santander esto significa que, si la inversión pública se contrae, los proyectos de infraestructura vial quedan en riesgo. Si el gasto en salud no se ajusta a las necesidades reales, los hospitales y las EPS del departamento seguirán operando bajo presión financiera. Si la inversión educativa se reduce, las universidades públicas de la región no podrán ampliar su cobertura ni mejorar sus instalaciones. Los congresistas santandereanos tienen, entonces, la obligación de verificar que las partidas prometidas durante la campaña y en los debates previos se mantengan en el texto final.
También es cierto que el margen de maniobra es limitado. El presupuesto aprobado en primer debate ya incorpora un recorte de $10 billones respecto de la propuesta inicial, y el Gobierno ha aceptado esa reducción para facilitar el consenso. Sin embargo, el recorte puede afectar precisamente a las regiones que más necesitan inversión, por lo que nuestra bancada debe asegurar que el ajuste sea el adecuado en los rubros de infraestructura y gasto social.
La discusión de esta semana también define el tono de la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo, pues un Congreso que aprueba un presupuesto sin examinar sus implicaciones fiscales y regionales, al menos parcialmente, está renunciando a su función de control, mientras que, si debate con seriedad y exige respuestas claras, fortalece la institucionalidad y protege los intereses de los ciudadanos que representa. La diferencia entre una cosa y otra se verá en el curso de los próximos años.
En nuestro caso, Santander merece un presupuesto que refleje su contribución a la economía nacional y que atienda sus necesidades reales, lo cual no se logra con promesas vanas o teorías financieras, sino con trabajo técnico, con vigilancia constante sobre las cifras y con la disposición de exigir explicaciones cuando las realizaciones no coinciden con las partidas asignadas y las expectativas creadas.
