Publicado por: Editorial
Es inaceptable que luego de más de diez años de gestión, una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos y un avance físico superior al 85%, el Acueducto Regional del Chicamocha siga sin entregar agua potable al municipio de Los Santos y a la Mesa de Los Santos, una de las zonas de mayor crecimiento urbanístico y poblacional del departamento en las últimas décadas, en donde vive hoy una comunidad que necesita agua potable las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La historia del proyecto es, lamentablemente, la típica de las obras públicas en Colombia, un acumulado de incumplimientos y falsas promesas, pues cada administración ha anunciado avances que luego se han diluido en estudios, reformulaciones y prórrogas.
La comunidad de Los Santos y los expertos que han ejercido veeduría advierten sobre limitaciones reales en la captación, ya que las pruebas de bombeo mostraron que extraer más de siete litros por segundo desestabiliza el nivel freático, mientras que el diseño original preveía 52 litros por segundo, una cifra que hoy luce inalcanzable. Esta diferencia entre lo prometido y lo posible exige una investigación profunda.
La transparencia no puede seguir siendo una de las tantas promesas incumplidas; las dudas sobre los costos de operación, la procedencia de los recursos adicionales y la fecha cierta de terminación deben resolverse con toda certeza, ya que no es aceptable que, tras una década, no se sepa cuánto falta por invertir ni cuándo entrará en funcionamiento el sistema, además de que la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre con cada peso y cada decisión contractual.
El costo de bombear agua a 1.250 metros de desnivel es una proeza técnica frente a la que la alternativa de los paneles solares reduce gastos, pero, aún así, la financiación sigue sin definirse, al tiempo que los residentes en el municipio y la Mesa de Los Santos comienzan a enfrentar una de las etapas más secas y calurosas de la historia sin un servicio estable, una circunstancia climática que puede terminar por afectar directamente la salud, la economía y la dignidad de las familias.
La empresa de servicios públicos sostiene que la obra es viable con ajustes, al tiempo que los expertos independientes señalan que faltan servidumbres, recursos, equipos por verificar y una captación alterna que aún requiere estudios.
Ambas posiciones, sumadas o enfrentadas, dejan para la población afectada le mismo resultado práctico: no hay agua y no hay una idea seria de cuándo y de qué manera va a haberla. Esa incertidumbre es incompatible con la urgencia de las comunidades y con el principio de planeación que debe regir la inversión pública.
Las servidumbres pendientes a cargo del municipio, el estado incierto de las bombas almacenadas durante años y la ausencia de una fecha de entrega configuran un panorama de evidente desorden administrativo, por lo que es urgente que las autoridades rindan cuentas con precisión sobre cuánto falta, con qué recursos y con qué mecanismos de control. Además, la veeduría ciudadana debe tener acceso pleno a los informes de supervisión y a las decisiones contractuales, puesto que la transparencia es una obligación legal y ética e implica que la posible corrupción se investigue hasta sus últimas consecuencias, sin ilegítimos amparos políticos ni dilaciones.
El Acueducto Regional del Chicamocha es otro renglón en la larga lista de proyectos eternos en Santander, pero en este caso la indolencia con las comunidades que necesitan agua potable las 24 horas es inadmisible y debe mover a todo el departamento a exigir resultados ciertos en el corto o mediano plazo, cronogramas que se cumplan y responsabilidades claras, hasta que se entregue (como debió ocurrir hace años), una obra que fue prometida con grandes aspavientos, pero se ha incumplido con maliciosos silencios.
