En diciembre de 2018 el Municipio de Bucaramanga, a través del Convenio 348, le entregó a Metrolínea, por diez años, la administración de las estaciones del sistema, las mismas que aparecen registradas en los libros contables de la empresa por un valor de $50.320 millones. El Convenio fue claro: el aseo, la vigilancia, el mantenimiento, las reparaciones y las pólizas debían estar a cargo de Metrolínea, y fue tal la seriedad del acuerdo, que no se pidieron garantías de cumplimiento.
Ocho años después, Metrolínea reconoce en su propia contabilidad, con pleno conocimiento de la alcaldía, un deterioro de $3.904 millones sobre esos bienes. Su informe de supervisión relata desde junio de 2024 una procesión de oficios y mesas de trabajo sin resultado. La del 12 de septiembre de 2024 fracasó porque no llegó Metrolínea. Tampoco llegó la Subsecretaría de Bienes y Servicios, que es la supervisora por parte del municipio, y es precisamente en ese informe donde se cuenta que en noviembre de 2024 esa misma entidad hizo jornadas de limpieza en estaciones y terminales, algo que no le correspondía.
Posteriormente a esto, en una indagación realizada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, el 22 de octubre de 2025, la Alcaldía sostuvo, según consta en el auto de archivo, que no había girado recursos para mantenimiento, vigilancia o aseo de las estaciones, porque eso le correspondía a Metrolínea y hacerlo sería “inviable jurídicamente”.
Esta posición administrativa la ratificó el DADEP el día 19 de junio de 2026 de la siguiente forma: las obligaciones de mantenimiento, vigilancia, aseguramiento y custodia siguen siendo las del Convenio 348, pero siete semanas después, Metrolínea expidió el CDP 2026000247 por $11.965 millones para reconstruir estaciones. Y allí se observa solo una fuente marcada con equis: transferencias del Municipio de Bucaramanga, al 100 %.
Lo inviable para el aseo resultó viable para la obra, y es ahí donde está el problema fiscal que trae implícito el contrato del arreglo de las estaciones. Si el convenio está vigente ¿Por qué siguen invirtiendo recursos municipales donde no pueden?
