La política exterior puede ser entendida como un campo de la acción gubernamental que involucra fundamentalmente tres dimensiones: la diplomática, la estratégico-militar y la económica.
Y sabemos también que, en la medida en que se orienta a garantizar los intereses nacionales de un determinado Estado, la política exterior tiende a ser bastante estable, más allá del grado de agencia que tiene cada gobierno en función de su ideología o visión del mundo.
En este sentido, los principios que tradicionalmente han guiado la política exterior colombiana son el respeto por la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, la solución pacífica de controversias, la libre determinación de los pueblos y el respeto al derecho internacional.
Por eso resultan inquietantes las decisiones que este Gobierno viene tomando en virtud de su alineamiento con los gobiernos de Trump y Netanyahu, en las que parece que se sacrifican el interés nacional y nuestra tradición diplomática.
No lo afirmo solamente por el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, el mismo día del terremoto, pese a que este es un territorio sirio ocupado por la fuerza desde 1967 y a que, con esa decisión, Colombia rompió el consenso internacional que había al respecto.
También lo señalo porque esta obsecuencia con el proyecto del Gran Israel desconoce nuestra tradición de respeto al derecho internacional y parece ponernos al margen de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada el 9 de diciembre de 1948.
Y ni hablar de la decisión de abrir nuestra embajada en Jerusalén hecho que ya nos trajo una primera consecuencia tras la carta de rechazo de 19 países, entre ellos Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Catar, Malasia y Pakistán, por considerar que la medida «contradice las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU».
Es bueno recordar que, mediante la Resolución 181 de 1947, la ONU estableció que Jerusalén sería una capital compartida palestino israelí, como una manera de avanzar en la fórmula de los dos Estados y que el Consejo de Seguridad, en 1980, mediante la Resolución 478, condenó la ley israelí que ese mismo año declaró a Jerusalén como su capital «eterna e indivisible» y ordenó a los Estados miembros de la ONU abstenerse de abrir misiones diplomáticas en esta ciudad. De esta manera, nos estamos aislando internacionalmente, al formar parte de solo 11 países de un total de 192 que tienen su embajada en Jerusalén.
Por tanto, el Gobierno ha dado un paso que ni Javier Milei se atrevió a concretar, con costos seguros para nuestras históricas relaciones con el mundo árabe, en términos de comercio, inversiones y diálogo político, pero con beneficios bastante discutibles, sobre todo en un escenario internacional que nos exige diversificar al máximo nuestras relaciones con el mundo.
