La decisión de reducir el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz llega en un momento delicado, cuando sus despachos enfrentan una considerable carga de trabajo y miles de personas esperan respuestas que llevan años aplazándose. Lo sorprendente es que se asegure que el recorte no afectará su funcionamiento. Sería interesante conocer la fórmula que permite disminuir los recursos de una institución sin comprometer las actividades que dependen de ellos.
Porque la JEP no se reduce a magistrados, audiencias, autos y resoluciones; Detrás de cada actuación existe un equipo de profesionales que estudia expedientes, recauda información, prepara diligencias, acompaña víctimas y garantiza que los comparecientes ejerzan sus derechos. Una estructura humana cuya importancia suele pasar inadvertida hasta que comienza a faltar.
Especial preocupación merece el debilitamiento de los equipos de apoyo psicosocial, cuya labor con los comparecientes resulta fundamental para el sentido restaurativo de la justicia transicional. Mediante encuentros preparatorios, estos profesionales promueven la comprensión del sufrimiento de las víctimas y orientan sobre el lenguaje, la actitud y la sensibilidad necesarios en espacios de reconocimiento. También facilitan el acercamiento entre víctimas y responsables. Reducir este acompañamiento podría comprometer procesos de sensibilización indispensables para que el reconocimiento de responsabilidades trascienda las formalidades judiciales y adquiera significado humano.
A ello se suma la labor de investigadores, analistas y servidores que hacen posible el funcionamiento cotidiano de la jurisdicción. ¿Cómo se pretende acelerar la resolución de los macrocasos y subcasos si se debilitan los equipos encargados de impulsarlos? Resulta difícil imaginar que una institución pueda responder con mayor eficiencia cuando dispone de menos capacidad operativa para atender responsabilidades que permanecen intactas.
Por supuesto, la JEP debe rendir cuentas, justificar gastos y demostrar resultados. Ninguna entidad está exenta de ese deber. Pero exigir eficiencia no puede confundirse con desconocer las condiciones para alcanzarla. La austeridad es legítima cuando elimina gastos innecesarios; resulta cuestionable cuando amenaza servicios indispensables para garantizar derechos.
Las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación, mientras los comparecientes requieren decisiones oportunas que definan su situación jurídica y permitan verificar el cumplimiento de sus compromisos. Ambos dependen de una jurisdicción capaz de concluir las tareas encomendadas.
La decisión presupuestal está tomada, pero sus consecuencias plantean serios interrogantes. Corresponde ahora al Estado explicar cómo garantizará los servicios esenciales, evitará mayores retrasos y protegerá los derechos de quienes esperan respuestas. Porque reducir recursos es una decisión política; responder por sus efectos constituye una responsabilidad que no desaparece con la aprobación del presupuesto.
Y si la JEP queda a medio camino, la ironía será amarga: el Estado habrá encontrado cómo ahorrar recursos públicos, pero no cómo honrar plenamente los compromisos adquiridos con quienes confiaron en su justicia.
