Publicado por: Editorial
La minería ilegal en la escarpa occidental de Bucaramanga, además de un delito ambiental, es una amenaza contra la vida de las personas, la estabilidad de la escarpa occidental y el orden social en vastos sectores de la ciudad, pues, como se ha podido constatar, la extracción ilícita de oro ha degradado el suelo, ha contaminado las fuentes hídricas y ha creado un escenario altamente peligroso para miles de familias que residen en inmediaciones de la línea de erosión.
Las cifras oficiales que reportan 750 capturas entre 2020 y 2026 revelan la persistencia y la capacidad de adaptación de las redes que operan en la ilegalidad, además de que, pese a los operativos, el deterioro avanza y las condiciones de riesgo se agravan, especialmente en barrios como San Rafael, Nariño, Estoraques y Santander, donde los taludes han sido perforados y desestabilizados, lo que deja a las comunidades en una posición de vulnerabilidad extrema, pues enfrentan la amenaza de un deslizamiento repentino y la contaminación del agua con mercurio, una sustancia letal para la salud humana y el ecosistema, pues una sola gota puede contaminar más de 30 mil litros de agua potable.
Así las cosas, la integridad física de la escarpa se vuelve en extremo frágil, pues el uso de explosivos para desviar cauces, la excavación en las entrañas de la escarpa y la tala indiscriminada de árboles son prácticas que han hecho que el suelo se haya vuelto más inestable, por lo que un aguacero o un temblor fuerte podría desencadenar una tragedia de grandes proporciones. Las quebradas La Rosita y La Chocoa, por ejemplo, han perdido su cauce natural y acumulan material pétreo producto de la minería, lo que evidencia un daño que es irreversible por sí mismo.
Las amenazas contra líderes comunales y residentes que denuncian estos hechos son otra peligrosa arista de esta situación, que evidencia la presencia de intereses económicos oscuros y, en algunos casos, la injerencia de grupos armados, de manera que la comunidad no solo teme por la estabilidad de sus viviendas, sino también por su seguridad personal, lo que conforma un clima de zozobra que coarta la libertad de expresión y la denuncia ciudadana.
En el contexto ambiental, se requiere un plan integral que incluya la restauración de los cauces, la reforestación de las laderas y la implementación de tecnologías que permitan la descontaminación de los suelos y el agua, pero sin descuidar el ataque a la raíz del problema, que es la demanda y el mercado negro del oro, que alimenta una economía paralela y destructiva; por lo tanto, es necesario que las autoridades ambientales y municipales trabajen junto con la comunidad para identificar los puntos críticos y priorizar las intervenciones. La Alcaldía y la CDMB han efectuado 237 operativos específicos contra la minería ilegal, pero evidentemente se requiere una estrategia complementaria que involucre a la comunidad en la protección de los ecosistemas, que refuerce la inteligencia para desarticular las redes criminales y que garantice la aplicación efectiva de la ley.
