Publicado por: Editorial
Las cuatro mil denuncias y atenciones reportadas en Santander por violencia familiar y de género durante los primeros ocho meses de 2026 representan un aumento del 6,4 % frente al mismo periodo de 2025, es decir, casi 300 casos más, lo que significa que cada día cerca de 16 personas acudieron a las autoridades para denunciar agresiones ocurridas en el ámbito familiar o por razones de género. Son cifras que siguen aumentando y que, por lo tanto, reclaman una respuesta institucional urgente y concluyente.
Resulta igualmente grave que 86 de los 87 municipios del departamento hayan reportado denuncias relacionadas con estos tipos de violencia, lo cual implica que, aunque el área metropolitana de Bucaramanga concentra más de la mitad de los registros, el fenómeno no se limita a esa zona, pues Barrancabermeja supera los 400 casos y localidades como San Gil y Sabana de Torres ya pasan del centenar.
Es cierto que hubo una reducción en el número de feminicidios registrados durante 2026, pero este es un dato que no debe relajar ni a las autoridades ni a la sociedad, por cuanto las agresiones contra las mujeres no comienzan con un asesinato, sino con hechos que muchas veces se aceptan, se silencian o se consideran asuntos privados, cuando cada denuncia por violencia intrafamiliar o de género puede anteceder a un desenlace fatal. Luego, ignorar esas señales tempranas equivale a permitir que la violencia escale.
Por esto, las rutas de atención y prevención deben funcionar antes de que ocurran las tragedias. Las autoridades han insistido en la importancia de identificar las primeras señales de violencia y buscar ayuda oportunamente; sin embargo, la existencia de líneas como la 155, estrategias como el Código Rosa en Bucaramanga o espacios como el Centro del Cuidado Familiar no bastan si la sociedad no asume su responsabilidad de denunciar y acompañar.
Combatir estas formas de violencia exige, sin duda, medidas policivas y punitivas firmes y esto significa que los agresores enfrenten todo el peso de la ley y las instituciones garanticen protección efectiva a las víctimas, pero, sobre todo, hay que entender que ese problema tiene raíces culturales profundas, pues la violencia de género e intrafamiliar no surge espontáneamente, se alimenta de patrones aprendidos, de relaciones de poder desiguales y de concepciones que aún consideran a la mujer y a los miembros del hogar como propiedad o subordinados.
Esto obliga a que la educación ocupe un lugar central en cualquier estrategia seria. Hablar del tema en las escuelas, en las familias, en los medios de comunicación y en los espacios comunitarios es indispensable para transformar los falsos presupuestos que justifican y sostienen la violencia. Hablamos entonces de un factor cultural que arrastra prácticas y creencias que han aceptado el control, el maltrato y la sumisión; replantear esos factores culturales implica revisar la forma en que criamos a los hijos, en que resolvemos los conflictos de pareja, en que concebimos los roles dentro del hogar.
