El 17 de diciembre de 1993 se dictó el Decreto 2535, por el cual se expiden las normas sobre armas, municiones y explosivos y se fijaban los requisitos para tenencia y porte de estas.
El decreto considera armas: “Todos aquellos instrumentos fabricados con el propósito de producir amenazas, lesión o muerte de una persona” y armas de fuego: “… las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por la explosión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química”.
Dice también: “Los particulares de manera excepcional podrán poseer o portar armas … con permiso expedido en base a la potestad discrecional de la autoridad competente …”, que se les otorgó a las fuerzas militares.
Esto significa que toda arma para su porte y tenencia debe estar amparada por un salvoconducto y constituye delito el poseerla sin el cumplimiento de las normas establecidas al respecto.
Es facultad del presidente prohibir su porte, aún de las autorizadas, como lo hizo el presidente Santos cuando, el 23 de diciembre de 2015, como regalo navideño, aplicando esta prohibición por un año, que como todas las cosas temporales en Colombia terminó convirtiéndose en 11 consecutivos, hasta el 8 de septiembre de 2026, cuando se dicta el Decreto 1368 mediante el cual se levanta esta suspensión.
No es que se permita su libertad de porte y tenencia, sino que habilitan los permisos concedidos y, por lo tanto, se pueden tener y portar las mismas legalmente, lo cual va a facilitar la defensa frente a las amenazas antisociales que ponen en riesgo nuestra vida.
Siempre habíamos creído que si usted se despierta y encuentra un extraño en su casa solo podía pedirle a Dios que lo protegiera, pues el Estado le había negado el que pudiera hacerlo usted mismo, salvo que además del salvoconducto tuviera otro permiso adicional para el efecto.
Era curioso que los hampones, violando la ley, podían ir armados y usted, cumpliéndola, no lo podía hacer, es decir, el Estado lo había entregado a la criminalidad en bandeja de plata o por lo menos esa es la sensación frente a la realidad.
El hampón sabe esto y ello le facilita su criminalidad, pues calcula que es excepcional que alguien tenga el doble permiso, lo cual le da alguna ventaja frente a su víctima amenazada.
Ahora habrá un eventual equilibrio de fuerza y, si eso no disuade al delincuente, que desde luego no lo hará por otros factores, sí le permite a la gente de bien hacerles frente a sus amenazas con instrumentos proporcionales a aquel con el cual lo agreden.
Algo ha cambiado: gracias, señor presidente… y firmes por la patria.
