Publicado por: Editorial
La práctica de incrementar aceleradamente la contratación pública durante las últimas semanas de una administración se ha convertido en una perniciosa costumbre que se repite en cada ciclo electoral, generando un patrón que merece un análisis riguroso y un rechazo claro, pues esto se ha convertido en una falla estructural que compromete la salud financiera del Estado y la transparencia de la democracia. La experiencia del gobierno del presidente Gustavo Petro, con la firma masiva de contratos en sus semanas finales, no hace más que poner en evidencia esa práctica, que debería ser urgentemente erradicada del manejo de lo público.
El argumento central que suele esgrimirse para justificar este alud de firmas es la necesidad de garantizar la continuidad operativa de las entidades y evitar un colapso burocrático ante el inminente cambio de mando; sin embargo, esta explicación oculta una realidad mucho más compleja y preocupante, pues lo que se presenta como un acto de responsabilidad administrativa se convierte realmente en un mecanismo para condicionar el accionar del siguiente gobierno, atándolo a compromisos financieros y a una estructura de personal que no ha elegido.
El impacto más inmediato y tangible de esta conducta se refleja en el severo deterioro de las finanzas públicas, dado que la firma de contratos por cifras millonarias, muchas veces sin el debido respaldo presupuestal, constituye una irresponsabilidad fiscal evidente, pues compromete recursos que no están asegurados, presionando la caja menor del Estado y limitando la capacidad de maniobra de la administración entrante. A este respecto, debe tomarse muy en serio el hecho de que la Contraloría haya emitido alertas sobre este comportamiento de la administración Petro.
Es fundamental distinguir entre la necesaria continuidad de los proyectos y programas fundamentales para el desarrollo del país y esta práctica lesiva de contratación de último minuto. La estabilidad en políticas de largo aliento, como las inversiones en infraestructura o los programas más ambiciosos del Ejecutivo central, es deseable y contribuye al progreso, pero no es un argumento que deba usarse para justificar la firma apresurada de miles de contratos, muchos de los cuales responden a dinámicas clientelistas y no a una auténtica necesidad operativa.
La contratación directa, que fue la vía elegida por la Presidencia para más de once mil procesos en estas semanas, reduce los espacios de control y escrutinio, lo que causa una opacidad que alimenta las sospechas de que lo que se busca no es la eficiencia, sino la generación de compromisos y lealtades políticas que trasciendan el cambio de gobierno. La falta de claridad en estos procesos es un síntoma de una enfermedad más profunda que aqueja a la administración pública.
Es necesario, entonces, que las alertas de la Contraloría y los cuestionamientos políticos nos lleven a una reforma estructural que prohíba o limite drásticamente la contratación en los últimos meses de mandato, de manera que la ciudadanía y los órganos de control cuenten con reglas claras que aseguren que el fin de un periodo no sea sinónimo de un festín de recursos públicos.
