Además de Óscar Omar Orozco como rector de las UTS, fueron sancionados el vicerrector financiero, Fabio Niño y la asesora jurídica, Claudia Niño, así como un profesional de esa dependencia. El fallo ya fue apelado.
Publicado por: JINETH PRIETO
Por presuntamente limitar la libre concurrencia de oferentes en la licitación e interventoría que fueron contratadas por las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, para la construcción del nuevo edificio de la institución educativa, la Procuraduría Regional de Santander en fallo de primera instancia, suspendió, destituyó e inhabilitó a varios funcionarios de la entidad.
Se trata del rector Óscar Omar Orozco, quien fue suspendido por un término de cinco meses, y del subdirector financiero, Fabio Niño, la asesora jurídica, Claudia Niño, y el profesional universitario Luis Saavedra, quienes fueron destituídos e inhabilitados para ejercer cargos públicos por un término de 12 años, por la formulación presuntamente irregular de pliegos de condiciones bajo los que se licitaron $20 mil millones.
Precisamente, la decisión se remite a lo ajustadas que estuvieron las condiciones para participar en el proceso de selección, debido a que terminaron presuntamente direccionando la adjudicación y eliminando la posibilidad de que varios oferentes se presentaran pese a que el objeto de la obra es muy común.
Y es que para participar, un proponente debía acreditar la ejecución de un total de $45 mil millones dividos en 3 contratos, dos de los cuales debían haberse ejecutado dentro de los últimos cuatro años y uno en los últimos tres años.
“Este tipo de limitaciones para demostrar la experiencia desnaturalizan el mismo concepto de lo que se tiene por experiencia”, conceptuó la Procuraduría, que además señaló que las solicitudes eran “caprichosas” y no obedecían a ningún criterio técnico.
Sin embargo, los cuestionamientos fueron más y la Procuraduría en su fallo determinó que la licitación además restringió la participación a través de consorcios pidiendo porcentajes específicos de experiencia para los integrantes, cuando la naturaleza de esa figura es “aunar” esfuerzos con el fin de calificar a una presentación.
Adicionalmente, el ente de control determinó que las presuntas violaciones a los principios de contratación estatal también se evidenciaron en el concurso de méritos que fue llamado para contratar la interventoría, en el que utilizaron criterios como que la experienca del personal solo era válida si había sido en obras para instituciones educativas.
“De todo lo expuesto se colige, no sólo la limitación a la libre concurrencia de posibles interesados (por la imposición de condiciones restrictivas, desproporcionadas e irrazonables), sino también de la igualdad porque a los interesados no se les brindaron identicas oportunidades”, reza un aparte del fallo.
Y es que pese a que interesados observaron los procesos de selección, para el caso de la obra solo uno se presentó y en la interventoría de tres que allegaron documentos solo uno había observado el proceso, lo que para el Ministerio Público hizo más evidente la restricción.
“... se entiende con claridad diáfana las limitaciones de las que hemos venido hablando, pues nada más contrario a la libertad de oportunidades cuando de tajo se niega la existencia de la experiencia adquirida a través del tiempo”, precisa el texto que contiene la decisión.
Los presuntos beneficiados
La controvertida licitación cuestionada por la Procuraduría, quedó en manos del consorcio UTS 2012, que es de propiedad de la familia Valderrama Cordero, la misma que entre septiembre y octubre de este año se quedó con millonarios recursos en licitaciones cuestionadas que se llevaron a cabo en la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga.
El contrato que presentó como experiencia el consorcio de los Valderrama para quedarse con el contrato fue uno ejecutado en la Jagua de Ibirico para arreglo de instituciones educativas. Esa ejecución contó con varias críticas por presuntas irregularidades en su suscripción y ejecución.
Dentro de las obras que va a ejecutar el grupo Valderrama están el tercer carril de la autopista de Foridablanca a Bucaramanga, el Centro de Convenciones de Neomundo, el intercambiador del Mesón de los Búcaros y la vía San Gil- Charalá - Límites.
Por su parte, el proceso de la interventoría quedó en manos de un consorcio que también se denominó ‘UTS 2012’, y que dentro de sus integrantes tiene a Alvaro García Parra, quien hará una de las interventorías de las obras que empezarán a ejecutar las empresas con participación de los Valderrama.
Esa interventoría también la integra Gloria Villabona, quien es la hermana del subsecretario de Infraestructura de Bucaramanga, Óscar Villabona.
Los cargos
Así las cosas, la Procuraduría Regional de Santander sancionó con suspensión por cinco meses del cargo a Óscar Omar Orozco, en su calidad de rector de las UTS, al haber incurrido según esa institución en una falta grave a título de dolo “por no haber cumplido con sus deberes de control y vigilancia”, debido a que pese a que había delegado la contratación, seguía siendo el responsable.
Por su parte, el Ministerio Público consideró que Fabio Niño y Claudia Niño incurrieron en una falta gravísima a título de dolo, por lo que los destituyó e inhabilitó por un término de 12 años. El caso de Saavedra fue parecido, pero la inhabilidad le fue tasada en 10 años.
“Ya radicamos el texto de la apelación. Consideramos que la Procuraduría emitió un concepto personal y no comprobó que solo una empresa pudiera cumplir con esas condiciones. Solo en Santander podemos estimar que al rededor de 25 podían competir; otra cosa es que no se hubieran presentado y eso no es potestad de la entidad”, aseguró Carlos Rojas, defensor de los funcionarios.
