Mauricio Aguilar fue acusado esta semana por el presunto delito de prevaricato por acción.
Estando fuera de las esferas políticas, el nombre del exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, continúa en la opinión pública por los procesos penales que reposan en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Su paso por la administración departamental estuvo empañado por varios escándalos que, en lo penal, lo tienen sentado en el banquillo de los acusados. Pero, como si fuera poco, en septiembre de 2021, la Procuraduría abrió una investigación en su contra por presuntamente ocultar información de la Gobernación que comprometía a su hermano, el también exgobernador Richard Alfonso Aguilar Villa, en medio de su proceso penal por los supuestos vicios contractuales en la remodelación del entonces estadio Alfonso López de Bucaramanga, hoy Américo Montanini. Además: Mauricio Aguilar, a juicio por presuntas irregularidades en la elección del consejo directivo de la CDMB
Esta semana, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela Rodríguez, lo acusó formalmente por el presunto delito de prevaricato por acción, el cual se habría configurado cuando, en 2023, se eligió de manera irregular el consejo directivo de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
Según ha expresado la Fiscalía en la acusación, cuando se realizó la elección, hubo al menos tres recusaciones que no se resolvieron ante la Procuraduría Regional de Santander y que impedían continuar con el proceso.
“El entonces mandatario no habría atendido varias recusaciones presentadas en su contra y otros participantes para que se apartaran de la votación por un posible conflicto de intereses. Presuntamente dio continuidad al proceso y permitió que cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueran escogidos para conformar el Consejo Directivo de la CDMB”, detalló la Fiscalía en 2025, cuando le imputó el cargo a Aguilar Hurtado.
De hecho, debido a las irregularidades, la elección de ese consejo directivo fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado. Además: Fiscalía imputa cargos a Mauricio Aguilar tras elección irregular del Consejo Directivo de la CDMB
Presuntas irregularidades en $16.000 millones
En los mismos estrados de la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador de Santander tiene otro proceso penal por las irregularidades en la contratación por $16.000 millones para construir el megacolegio Lucas Caballero, en el municipio de Suaita, Santander. En ese proceso se le acusa de los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
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El fallido proyecto de infraestructura fue adjudicado a la Unión Temporal Colucas 2022 y tenía un plazo de ejecución de 12 meses, por un valor que superó los $15.000 millones para el plantel educativo, que incluso tuvo reparos por parte de la CDMB. Además: Mauricio Aguilar Hurtado enfrenta un nuevo proceso penal
El contrato en cuestión, según la Fiscalía, es el 3835 del 7 de diciembre de 2022. Para el fiscal del caso, el proceso contractual tuvo varias carencias e irregularidades que hasta el momento no se han esclarecido.
Plan de medios con TRO
En 2024, Mauricio Aguilar Hurtado fue imputado por la Fiscalía por el polémico plan de medios de 2021, operado por el Canal TRO. En ese proceso penal se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.
Para la Fiscalía, el exgobernador habría incurrido en falta de planeación y también se habrían presentado presuntas anomalías en el convenio entre la Gobernación y el medio de televisión regional.
Según el informe presentado por el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, “no se realizó un estudio mínimo y aceptable sobre la necesidad y la forma adecuada desde el punto de vista normativo, de estructurar los aspectos esenciales del futuro convenio”.
El ente acusador aseguró en la diligencia de 2025 que se suscribieron contratos con empresas propiedad de los padrinos de matrimonio del exgobernador y de una de las hijas de estas personas.
