En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de las dos resoluciones 813 y 814 de octubre de 2013, mediante las cuales el entonces contralor departamental, Argemiro Castro, ordenó la reestructuración de la planta de empleados y modificó el manual de funciones de la corporación.
Publicado por: OSCAR IVÁN REY
En el fallo, el Tribunal considera que dichas resoluciones no gozan de legalidad, toda vez que el Contralor no tenía la competencia para la expedición de los mismos.
“Se declara en esta providencia la nulidad de las resoluciones 813 y 814 de 2013, dado que el Contralor General de Santander no tenía competencia para determinar la estructura y la organización de la entidad, pues esta competencia corresponde únicamente a las Asambleas Departamentales, situación que se presentó también frente a la ordenanza 050 de 1999 cuya nulidad fue declarada por esta Corporación en sentencia de fecha 11 de noviembre de 2004, argumentando la falta de competencia del Gobernador para determinar la estructura y planta de personal de las Contralorías Departamentales”, consideró el Tribunal Administrativo.
Compulsa de copias
Ante las irregularidades, el Tribunal Administrativo compulsó copias a la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, y la Contraloría General para que abran la correspondiente indagación disciplinaria y fiscal contra los diputados de la época.
En el mismo sentido, ordenó la compulsa de copias a la procuraduría Provincial de Bucaramanga y la Auditoría General de la República, para que investigue las posibles faltas disciplinarias y fiscal en contra del contralor de la época.
Cosa Juzgada
En el fallo el Tribunal declaró probada de oficio como Cosa Juzgada la pretensión de declarar la nulidad de la Ordenanza 123 de 2013, por medio de la cual la Asamblea departamental de Santander facultó al Contralor de la época para liderar la reestructuración administrativa de la Contraloría departamental de Santander.
“En relación con la Ordenanza 123 de octubre de 2013, se declarará probada de oficio la excepción de Cosa Juzgada, teniendo en cuenta que mediante decisión de 16 de junio de 2014 el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de dicho acto, y esto fue confirmado por el honorable Consejo de Estado en sentencia de 26 de noviembre de 2015; decisiones que fueron identificadas en el marco normativo y jurisprudencial”, concluye el Tribunal.
