La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación en contra del excongresista santandereano, Edwin Ballesteros Archila, por presuntas irregularidades en contratación mientras fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant.
Publicado por: Arley Sánchez
Edwin Ballesteros Archila fue formalmente acusado por la Fiscalía General de la Nación por las presuntas irregularidades que se habrían dado en la celebración de contratos mientras estuvo al frente de la Esant, entre noviembre 2013 y enero de 2016.
El ente acusador encontró "suficientes elementos" que demostrarían la posible participación del excongresista en 12 conductas ilegales relacionadas con los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, concusión, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
"La Fiscalía estableció que el entonces gerente de la Esant, al parecer, hizo parte de un acuerdo ilícito en el que se comprometió la contratación de la Gobernación de Santander de la empresa de servicio públicos para que quedara en manos de algunas personas específicas, a cambio de dávidas", explicó el ente acusador.
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La presunta responsabilidad de Ballesteros Archila se habría presentado en al menos cuatro contratos.
Los millonarios contratos
1. Contrato 157 del 29 de diciembre de 2014, cuyo objeto era la rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado afectado por el hundimiento en el sector El Casino y las filtraciones de los demás tramos, en Sucre, Santander. Aquí se contempló un monto de hasta 1.188 millones de pesos.
2. Contrato de obra 068 del 23 de febrero del 2015, que contempló obras relacionadas con la planta compacta para potabilización de agua en Enciso, Santander, por un valor superior a los 470 millones de pesos.
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3. Contrato 287 del 4 de diciembre de 2015, para la construcción del acueducto regional del río Quirata, en Landázuri, Santander. El valor superó los 4.340 millones de pesos.
4. Intención de contratar los acueductos de Barichara y Chipatá, Santander. El señor Ballesteros Archila, supuestamente, recibió 600 millones de pesos por parte del interesado en este proyecto, que no se suscribió ante la salida del hoy procesado de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.
