La Fiscalía le imputó cargos por 13 delitos al exrepresentante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Seis meses después de su traslado procesal por parte de la Corte Suprema de Justicia, el pasado jueves 21 de abril y ante un juez de Control de Garantías, la Fiscalía General le imputó cargos al exrepresentante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, por las presuntas irregularidades contractuales cuando fungió como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, en la administración de Richard Aguilar.
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Según el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia encargado del caso contra Ballesteros Archila, el exrepresentante santandereano habría incurrido en 13 delitos contra la administración pública, entre otros: concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, cohecho propio y concusión.
“Las conductas están relacionadas con cinco contratos, suscritos entre 2014 y 2015, en los que habría tenido participación Edwin Gilberto Ballesteros Archila como gerente de la Esant, y en los que la evidencia da cuenta de posibles anomalías en el trámite, celebración y ejecución”, señaló la Fiscalía.
Acueductos sin construir
Puntualmente, el ente investigador le imputó cargos al excongresista uribista por las presuntas irregularidades contractuales dentro del plan maestro de acueducto y alcantarillado, en los municipios de Landázuri, Los Santos, Vélez, Chipatá y Barichara.
Los cinco contratos que hoy tienen a Edwin Ballesteros afrontando un proceso penal en su contra tuvieron un valor superior a los $66 mil millones y solo uno de ellos, (Chipatá), ha logrado ser ejecutado en su totalidad. Incluso, algunas de las obras ni siquiera han arrancado como es el caso del acueducto de Barichara, donde se destinaron $2.588 millones y aún no hay acueducto.
En el contrato del acueducto del municipio de Sucre, la Esant invirtió $1,221 millones y le fue otorgado de manera directa por parte de Edwin Ballesteros al contratista Octavio Reyes, el mismo que está siendo procesado por la justicia por las irregularidades en las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López, por $24 mil millones.
Así mismo, la Fiscalía acusa al exrepresentante Edwin Ballesteros, por las irregularidades contractuales en la adjudicación con único oferente del contrato de construcción del acueducto de Enciso por valor de $472 millones.
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Nuevamente suspendido
En otros contratos, como el 287 del 2015, para la construcción del acueducto regional del Río Quiratá, en Landázuri, por valor de $4.346 millones, el cual debía estar listo y en funcionamiento en enero del 2017, actualmente se encuentra suspendido por falta de gestión del total de la servidumbre necesaria para poner en marcha la obra.
El fallido contrato le fue adjudicado a la Unión Temporal Acueducto Landázuri, la cual está conformada por las firmas Proyectos Ingeniería Civil e Industrial de Colombia SAS, con el 48% de participación; Civiles y Ambientales Ingeniero, Ciaming Ltda, con el 51% e Ingecol SA, con el 1% de participación accionaria.
Unión temporal representada legalmente por Lenin Pardo, esposo de la exsecretaria de Infraestructura departamental en el gobierno de Richard Aguilar, quien también es el representante legal de la firma Ciaming Ltda.
En declaración juramentada ante la Corte Suprema, Lenin Pardo afirmó que tuvo que pagarle una coima al exrepresentante Edwin Ballesteros para que le adjudicara el millonario contrato del acueducto de Landázuri. Declaración que respaldó con la copia de unas conversaciones a través de mensajería instantánea de whatsapp.
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La defensa de Ballesteros
Aunque se abstuvo de referirse al proceso penal en concreto, el exrepresentante Edwin Ballesteros aseguró que no tuvo nada que ver en el ‘carrusel de corrupción’ que le imputa la Fiscalía.
“Tengo la conciencia tranquila de que no me he robado ni un solo peso. Demostraré ante la justicia mi inocencia. Varios de los contratos que dicen que yo direccioné fueron firmados cuando yo ya no era gerente de la Esant, como sucede con los acueductos de Barichara y Chipatá”, acotó Ballesteros Archila.
Así las cosas, el proceso penal contra el excongresista santandereano continuará con la formulación de la imputación.
En este caso la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento en contra del exrepresentante santandereano, por lo que Edwin Ballesteros afrontará el proceso penal en libertad.
