El ente investigador expondrá evidencias, testimonios y registros para sustentar el proceso que avanza en Boyacá.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La investigación contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, entra en una nueva etapa judicial. Para el próximo 17 de julio quedó programada la audiencia de acusación, diligencia en la que la Fiscalía expondrá formalmente las pruebas que recopiló durante varios meses y con las que buscará demostrar la presunta responsabilidad del mandatario y del publicista Juan Camilo Sánchez Torres en un caso relacionado con supuestas exigencias económicas irregulares.
Aunque la audiencia representa un paso determinante dentro del proceso, todavía no define la responsabilidad penal de los investigados. En esta fase, la Fiscalía presentará el escrito de acusación y las evidencias que sustentan su teoría del caso, mientras la defensa tendrá la oportunidad de controvertir el material probatorio en las etapas posteriores del proceso.
Fiscalía prepara amplio material probatorio
El ente acusador radicó un escrito de acusación de 25 páginas que reúne más de 100 elementos materiales probatorios y evidencias. Entre el material que será presentado ante el juez aparecen conversaciones de WhatsApp, registros bancarios, testimonios de testigos, informes periciales y otros documentos obtenidos durante la investigación.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el alcalde habría solicitado una suma superior a los 100 millones de pesos, equivalente al 20 % del valor correspondiente a la ampliación de una licencia de construcción tramitada por la empresa San Jacinto de Nelvic SAS para desarrollar un proyecto de vivienda de gran tamaño en la vereda Sábana, en jurisdicción de Villa de Leyva.
En su llegada al búnker de la Fiscalía, el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, negó su presunta responsabilidad en la solicitud de coimas y exigencias ilícitas para facilitar una licencia de construcción en el municipio. “No soy quien da licencia, yo no doy licencia de… pic.twitter.com/xFUOT9wQju
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 7, 2026
La investigación tomó mayor relevancia luego de que se conocieran grabaciones de llamadas realizadas en marzo de este año. De acuerdo con la Fiscalía, en esos registros el mandatario presuntamente solicitaba el dinero a cambio de archivar y omitir procesos sancionatorios relacionados con posibles irregularidades ambientales y patrimoniales detectadas en la construcción promovida por la empresaria María Victoria Solarte.
Cómo avanzó la investigación del caso
De acuerdo con la investigación, la empresaria no aceptó las presuntas exigencias económicas. Posteriormente, la Inspección de Policía de Villa de Leyva expidió la Resolución 025 del 11 de abril de 2026, mediante la cual ordenó una multa cercana a los 232 millones de pesos, además de la demolición de aproximadamente 5.200 metros cuadrados de obra y medidas para el restablecimiento de la afectación ambiental.
Tras esos hechos, la empresaria presentó una denuncia ante las autoridades, lo que dio paso a nuevas actuaciones investigativas. Como resultado de ese proceso, el 7 de mayo el alcalde fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Un día después, un juez legalizó la captura y la Fiscalía le imputó los delitos de concusión y prevaricato por acción. Posteriormente, el 20 de mayo, una juez ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad. Aunque inicialmente debía permanecer recluido en la cárcel La Picota, posteriormente fue trasladado a la Escuela de Postgrados de la Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, en Bogotá, por solicitud de su defensa.
El proceso también vincula al publicista Juan Camilo Sánchez Torres, imputado el pasado 4 de julio por el delito de concusión. Para la Fiscalía, Sánchez habría sido beneficiario de un contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa San Jacinto de Nelvic SAS, luego de una presunta intermediación del alcalde, quien habría solicitado a la empresaria contratarlo para apoyar el trámite de ampliación de la licencia de construcción.
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La investigación sostiene que entre 2025 y 2026 Sánchez Torres recibió más de 48 millones de pesos por concepto de honorarios derivados de ese contrato.
Durante la audiencia de acusación, tanto el alcalde como el publicista podrán decidir si aceptan o no los cargos formulados por la Fiscalía. En caso de aceptar responsabilidad, la legislación contempla la posibilidad de acceder a una rebaja de pena si llegara a producirse una condena. Si rechazan los señalamientos, el proceso continuará hacia la etapa de juicio oral, donde la Fiscalía deberá demostrar las acusaciones y la defensa ejercer plenamente su derecho a controvertir cada una de las pruebas presentadas.
