Déficit cercano a los $800 millones dejó a la Contraloría de Bucaramanga sin recursos para pagar la nómina.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Luego de haberse advertido en varias oportunidades y a pesar de las alarmas, finalmente la Contraloría Municipal de Bucaramanga se quedó sin recursos para cubrir la nómina de la entidad para lo que resta de la vigencia 2022, debido al déficit presupuestal que presenta el ente de control fiscal cercano a los $800 millones.
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La crisis financiera y laboral por la que atraviesa el ente de control fiscal quedó al descubierto la semana pasada cuando la contralora Viviana Blanco confirmó que el presupuesto de la entidad solo alcanzó para pagar la nómina hasta el pasado 30 de septiembre.
“La semana pasada tuve una reunión con todos los funcionarios para informarles que la entidad se quedó sin recursos para cubrir la nómina de los próximos tres meses. Solo hasta que la entidad reciba los recursos del presupuesto del 2023, se podrán pagar esos sueldos. La Contraloría hizo un esfuerzo enorme para pagar la salud y parafiscales de todos los funcionarios”, explicó Blanco.
En tal sentido, los 48 funcionarios de la Contraloría no volverían a recibir sueldo sino hasta el próximo año.
“Sin afectación funcional”
A pesar de la crisis financiera que atraviesa la entidad, la contralora Blanco insistió en que dicha situación no afectará las funciones de control fiscal que actualmente realiza la entidad.
“No vamos a parar con nuestra labor funcional de control fiscal a la administración municipal. Todos los funcionarios de la entidad estamos comprometidos a trabajar y darle la cara a la ciudad a pesar de la adversidad”, señaló la Contralora.
Reestructuración a la vista
Ante este panorama, la Contraloría anunció que comenzó un programa de reestructuración de la entidad ajustado a la nueva realidad presupuestal que atraviesa actualmente, ya que dejó de recibir cerca de $2 mil millones en los dos últimos años.
“No tenemos recursos ni para pagar quién nos haga el estudio de reestructuración de la entidad, por tal motivo, tuvimos que recurrir a un convenio con Función Pública para ver que cargos se pueden suprimir, el tema de los prepensionados y definir aspectos jurídicos con respecto a los servidores de carrera administrativa. Todo que esté ajustado a la nueva realidad presupuestal de la Contraloría”, puntualizó Viviana Blanco.
La contralora municipal proyectó tener listo el plan de reestructuración del ente a su cargo en los primeros meses del 2023.
Dicho proyecto deberá ser presentado a la Alcaldía de Bucaramanga que a su vez lo tendrá que radicar y ponerlo a consideración del Concejo Municipal, que tendrá la última palabra sobre la reestructuración de la Contraloría.
Según un estudio previo realizado en 2021, para poder ajustar sus gastos de funcionamiento en concordancia con sus ingresos anuales, deberían suprimirse al menos cinco cargos administrativos, entre otras determinaciones.
“Un primer análisis del estudio de cargas para poder realizar la reestructuración financiera de la entidad determinó que para ajustarse al nuevo presupuesto del órgano de control se deberían reducir los costos eliminando de 8 a 15 cargos. Lastimosamente, por falta de recursos no se pudo continuar con el estudio”, aseguró Rolando Noriega, excontralor de Bucaramanga.
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División interna
Sin embargo, contrario a lo afirmado por Viviana Blanco, el anuncio del pago de los salarios a los funcionarios y algunas alternativas administrativas contempladas por la Contralora Municipal habría suscitado una división al interior de la entidad.
“Ella, (Viviana Blanco), está promoviendo que entutelemos a la Alcaldía para que sea el municipio el que termine respondiendo por el dinero de nuestros salarios, situación que para nosotros es una arbitrariedad”, dijo a Vanguardia un funcionario de la Contraloría quien pidió reserva su identidad.
Así mismo, varios servidores advirtieron que incluso la Contralora estaba contemplando dejarlos sin el respaldo de su seguridad social.
“Pretendía atentar contra derechos laborales como vacaciones, que habían sido suspendidas, para mirar si ya había prescrito ese derecho para poder pasar por encima de los trabajadores”, contó otro funcionario.
Saneamiento fiscal
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En 2020, la Asamblea de Santander aprobó la iniciativa por medio de la cual la administración de Mauricio Aguilar le solicita al municipio de Bucaramanga iniciar un programa de saneamiento fiscal, debido a la extralimitación del gasto por parte de la Contraloría y la Personería.
“La Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda nos certificó que el municipio de Bucaramanga incurrió en varias ocasiones en la extralimitación del gasto, en el giro de unos recursos a la Contraloría de más de $1.800 millones en el 2018 y más de $2 mil millones en el 2019, razón por la cual se hizo necesario aprobar este proyecto de ordenanza que da lineamientos sobre el plan de saneamiento fiscal en el municipio Bucaramanga”, explicó en su momento la diputada Claudia Ramírez, ponente de la iniciativa.
Debido a este panorama, la administración de Juan Carlos Cardenas procedió a reajustar el presupuesto del Concejo, la Personería y la Contraloría de Bucaramanga, siendo esta última entidad la más afectada en sus finanzas.
“La problemática de los ajustes de este gasto fueron ampliamente discutidos, llegando a la conclusión de realizar una reorganización del ente de control para ajustarse a la cifra que obedece al límite del gasto, conforme lo certifica la Contraloría General de la República. Sin embargo, el presupuesto 2021, y luego de 10 años de incurrir en esta ilegalidad que afectaba la viabilidad financiera del municipio, cumplió los indicadores de límites del gasto”, señaló Saharay Rojas, exsecretaria de Hacienda municipal.
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Extralimitación del gasto
Según un informe de la Auditoría General de la República, la Contraloría municipal en 2015, cuando era dirigida por Magda Milena Amado, incorporó recursos que no fueron trasladados formal y legalmente por el Municipio de Bucaramanga.
“No existió ningún documento mediante el cual se llevara a cabo la legalización del traslado de los $1.600 millones del Municipio hacia la Contraloría, ni por parte de la alcaldía, ni del concejo”, concluye el informe de la auditoría.
Dicho traslado presupuestal avalado en su momento por el alcalde Luis Francisco Bohórquez, llevó a que los recursos de la Contraloría se inflaran y superaran el límite del gasto permitido por la ley, extralimitación que se vio reflejada en el presupuesto para la vigencia 2016, cuando la Contraloría pasó de recibir $3.467 millones en 2015, a tener un presupuesto de $5.270 millones para 2016, un aumento del 51%, cuando según la norma solo podía aumentar 3,66%.
