La Procuraduría Provincial de Bucaramanga dio apertura a una acción preventiva tras denuncias de posibles irregularidades en la administración del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Con un oficio allegado a la Alcaldía de Bucaramanga el pasado tres de marzo, la Procuraduría Provincial dio comienzo a un proceso de vigilancia preventiva sobre las presuntas irregularidades contractuales y tráfico de influencias al interior de la administración del alcalde Juan Carlos Cárdenas, que fueron denunciadas recientemente por el portal La Silla Vacía.
La acción preventiva de la Procuraduría está dirigida a la contratación realizada en la Alcaldía de Bucaramanga desde el comienzo de su gobierno en 2020 hasta finales del 2023.
Lupa en el PAE
En primer lugar, el Ministerio Público le solicitó a la administración local información y copia documental de todos los contratos suscritos por el gobierno Cárdenas con el empresario Mauricio Niño y las empresas donde éste figure como representante legal o socio. En el oficio se solicita informar si hay contratos relacionados con el Plan de Alimentación Escolar, PAE.
Así mismo, pidió el reporte sobre los contratos PAE con la asociación las Mil Manuelas vigencia 2020 - 2023. Además de los contratos con las empresas, consorcios o SAS, cuyos representantes legales sean Natalia Badillo y/o Carlos Duarte.
Lupa en Hacienda
El ente de control disciplinario pidió información de todos los contratos por prestación de servicios firmados por la Secretaría de Hacienda municipal en enero del 2021 y 2022, bajo la dirección de Saharay Rojas, hoy jefe de gabinete del gobierno Cárdenas.
Al mismo tiempo, exigió allegar al despacho los contratos suscritos entre Hacienda Municipal y Gime Alexander Rodríguez (firma de abogados Rodríguez Corea y asociados).
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¿Movimientos irregulares?
Además, la Procuraduría indaga sobre los recientes movimientos en el gabinete municipal y el posible tráfico de influencias al interior de la administración Cárdenas.
El Ministerio Público pidió conocer los motivos de la renuncia de María Juliana Acebedo de la oficina asesora en tema de transparencia contractual y el nombre de la persona que llegó a ocupar su cargo.
Dentro de la acción preventiva, la Procuraduría pidió copia de las funciones de Claudia Orellana al interior de la administración local. Así mismo, le preguntó a la Alcaldía si existe algún vínculo contractual entre el ente territorial y Andrés Peralta, esposo de Orellana.
Finalmente, el ente de control disciplinario solicitó la copia de los contratos suscritos entre el Instituto Municipal de Salud de Bucaramanga, Isabú y Andrés Duarte.
Vanguardia buscó alguna versión de la Administración Municipal intentando comunicación con varias fuentes, pero al momento de la publicación de este artículo la oficina de prensa no había dado respuesta con respecto a la acción preventiva de la Procuraduría.
